¿Construir un negocio por fases?

Porque creo que se debe ir hacia unas regiones autonómicas en el Perú

Por Econ. Juan Solórzano Arévalo

1. Porque a través de la historia del Perú, el centralismo político, solo acentuó un poder político distorsionado de la realidad del resto del país, ya sea a través del poder ejecutivo, legislativo o judicial.
2. En algunos casos se avanzó en la descentralización política a nivel del ejecutivo o judicial, pero no fue suficiente, por ello es necesario profundizarlo, mejorarlo.
3. En las últimas décadas las actuaciones del Congreso de la República en han sido cuestionables, impulsaron en muchos casos buenas leyes, reformas, pero en el balance general, han sido Congresos con un comportamiento “absolutista” que respondían a lo que él o la jefa del partido decidía. La agenda política de ellos es lo que se defendía y había que ´pedir permisos o favores para que legislen en favor de las mayorías o cuando había presión de la sociedad civil con excepciones legislaban a favor de la población en general.
4. El unicameralismo ha demostrado su agotamiento institucional y urge un congreso bicameral, donde se pueda elegir congresistas a mitad del periodo. Sin embargo, aun cuando se implante el bicameralismo, el poder de legislar seguirá en manos de algunos partidos políticos que por cinco años se irrogaran el derecho de decidir por los destinos del país, con el riesgo siempre de anteponer sus intereses particulares mientras tengamos la clase política actual y que estará vigente por mucho tiempo aún.
5. Por ello en la reforma política pendiente en el país, se hace necesario fortalecer a las regiones, dándoles la posibilidad de legislar ellos mismos la forma como desean desarrollarse, sin que ello signifique dividir al país, al contrario, es fortalecerlo mediante el concepto de soberanía dual, mediante el cual tanto el país en conjunto como las regiones llegan a acuerdos políticos para desarrollarnos tanto local, regional y nacional.
6. Implementar regiones con categorías autonómicos daría la posibilidad de tener sus propios congresos regionales, lo cual dejaría sin el poder casi absolutista del que gozan actualmente los parlamentarios y sus partidos cascarones o electoreros.
7. Dejar que sean los ciudadanos de las regiones en el marco de esa soberanía dual, quienes decidan por sus destinos, es generar conciencia y/o potenciar en ellos la conciencia ciudadana, porque tendrán la posibilidad más cercana de fiscalizar a sus gobernantes y no tener que venir siempre a Lima a pedir justicia en defensa de sus derechos.
8. Las regiones autonómicas al tener dicha categoría podrán decidir sobre sus recursos y la forma como deben desarrollarse cada uno. Es su derecho que así sea, pero también va a generar que cada una generé sus propias condiciones de desarrollo, lo cual va a generar un marco competitivo interregional como sucede en otros países donde se desarrolla este modelo autonómico o federativo.
9. Ciertamente hay experiencias “negativas” en algunos países bajo este modelo autonómico o federativo, pero esos son los menos, en la mayoría de casos ha funcionado y potenciado su desarrollo como países.

Deporte y el desarrollo del país.

Econ. Juan Solórzano Arévalo

.-La realización de los Juegos panamericanos y parapanamericanos Lima 2019, no estuvo exento de múltiples debates relacionados a su realización o no de estas actividades. Sin embargo de aquellos que repiten insistentemente (algunos con mucha malicia)  que los 1,200 millones de dólares invertidos por parte del Estado peruano, ha sido innecesaria o no tan prioritaria, habiendo otras carencias de servicios públicos que pudieron ser atendidos con dicho dinero, señalaremos algunas cifras y beneficios económicos y sociales para el conjunto del país la realización de estos juegos 2019.

•     Según la Cámara Nacional  de Turismo (CANATUR), la inversión de S/5.043 millones efectuados para estos juegos; que equivale a haber generado un 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI)
•      Entre los años 2016 y 2019, se generaron aproximadamente 500,000 nuevos puestos de trabajos por efectos de la construcción de infraestructura, señaló Enrique Gonzales, coordinador del Plan Legado 2019. Para Amalia Moreno, Secretaria Ejecutiva de COPAL, los Juegos, contrató a más de 300 pequeñas y microempresas y a unos 3.000 proveedores.
•       Se previó un ingreso económico de aproximadamente 125 millones de dólares por concepto de flujo turístico. Según CANATUR, “habrían llegado al menos 50.000 turistas extranjeros a Lima para los Juegos, junto con otros 100.000 turistas de las regiones del país. Con lo cual, en total, su aporte en términos de consumo habría sido de S/1.155 millones” (aproximadamente 342 millones de dólares).
•          Solo en Paracas, los ingresos para los lugareños por los juegos y feriados ha sido de 4 millones de dólares, y se creará el Club Náutico de Vela Paracas, para fomentar dicho deportes para jóvenes,  niños y niñas de la zona.
•         A nivel de alimentación a los deportistas, personal técnico y administrativo, se calculó que las tres empresas proveedoras de la alimentación, gastarían más de 15 millones de dólares.
•        Según datos de la organización de Lima 2019, cerca de mil millones de personas siguieron la ceremonia de apertura y clausura en todo el mundo. "Al menos 5 horas cada día, el 26 de julio y el 11 de agosto, esos mil millones de espectadores estuvieron conectados con Perú conociendo su enorme legado cultural", aseguró Lima 2019[1].
•          En cuanto a señal de televisión la empresa MEDIAPRO, señaló que generó más de 1,000 horas  de transmisión en directo para 41 países y 33 operadores internacionales de televisión. “Además, los Juegos Panamericanos se han podido ver en YouTube en más de 150 países acumulando 1,3M de impresiones y más de 100.000 reproducciones[2]”
•       A nivel de redes sociales podemos mencionar que el hashtag #Lima2019 se posicionó en el tercer lugar en el mundo, con más de 50 mil mensajes compartidos en la referida red social. A nivel de la región, en Brasil, #Lima2019 alcanzó el séptimo lugar en menciones de Twitter. Asimismo, durante la maratón 42K realizada hoy en Miraflores, Gladys Tejeda, quien ganó la competición, también se convirtió en tendencia mundial.

De estas cifras  preliminares como resultados de la realización de los juegos panamericanos y parapanamericanos Lima 2019, se pueden realizar algunas conclusiones:

-Existen beneficios tangibles e intangibles que una inversión como la realizada para los juegos Lima 2019, se presentan y por la experiencia obtenida en la realización de otros juegos, hecho por distintos países y en diferentes momentos, las inversiones realizadas tanto a nivel de la infraestructura, transportes, comunicaciones, remodelaciones urbanas, ambientales, cultura cívica, etc., han sido mayores en cuanto a su retorno por ejemplo para los Panamericanos Guadalajara 2011, esta ciudad se convirtió en la segunda ciudad más importante de México, por la modernización de su infraestructura urbana, el embellecimiento de sus paisajes turísticos, por citar algunas de sus mejoras.

-Hubo una fuerte generación de empleos directos e indirectos que han ido a parar en los presupuestos familiares por un lado y por otro se formó personal calificado en diversos sectores, con la capacidad de gestionar eventos deportivos de alta complejidad, algo que no se contaba seguramente hace unos años. Vale resaltar las excelentes presentaciones artísticas desarrolladas en las inauguraciones y clausura de los panamericanos y parapanamericanos, que por su propuesta original y resaltando la diversidad cultural del país, ha contribuido no solo con dar a conocer al mundo nuestra identidad como país, sino también al interior del mismo ha reforzado ese sentimiento de pertenencia a una nación, algo tan importante que contribuye a la cohesión social.

-1,115 millones de soles se generaron como ingresos económicos producto del flujo turístico interno y externo para estos juegos, que ingresaron a la economía del país, a través de los distintos negocios relacionados al turismo, gastronomía, hoteles, artesanía, etc.

-Para efectos de la sostenibilidad de la infraestructura deportiva construida y/o remodelada los organizadores de los juegos, están previendo hacer la entrega respectiva a las autoridades peruanas, con sus respectivos planes de negocios por cada infraestructura, ´para que se pueda generar diversas alternativas de sostenibilidad. Aquí se debe destacar que con toda la infraestructura desarrollada, sienta las bases para generar una industria deportiva en diversas disciplinas que antes el país no tenía. Esta industria deportiva evidentemente necesitará crear todo un ecosistema de negocios sobre todo en aquellas disciplinas deportivas donde no existe uno parecido al del fútbol.

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[1] https://www.pqs.pe/deportes/lima-2019-panamericanos-cifras-evento-deportivo

[2] http://www.espana-peru.org/articulo/mediapro-realiza-exito-cobertura-juegos-panamericanos-lima-2019

Pedro Pablo Kuczynski y los efectos del indulto a Alberto Fujimori.

Por Econ. Juan Solórzano Arévalo

.-Este análisis sobre los efectos del indulto de Alberto Fujimori (AF), dado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, surge de un debate que tuve con un amigo en mi cuenta de Facebook, que tomando una entrevista de Hugo Neira, quién defiende el indulto de AF, trata de defender su posición a favor del mismo. 

Mi estimado Armando, interesante el artículo de Hugo Neira, que planteas como defensa de la posición fujimorista del indulto, sin embargo, permíteme discrepar en varios aspectos que señala Neira:

1.-Neira, dice que hay un 1er grupo que está en contra del indulto por razones de principio y otro grupo que está a favor de ella por razones de gobernabilidad.

Los que están en contra por principio no lo voy a objetar porque se entiende al menos para mí esta posición, sin embargo, los que están a favor por cuestiones de gobernabilidad, habría que precisar que se entiende por gobernabilidad, porque esta se puede definir desde varias perspectivas: conservadora, neoconservadora, liberal o marxista, para el caso de la actual clase política del país, sobre todo la que nos gobernó y gobierna es complicado saber en cuál de las perspectivas se encuentra, sabiendo que no existe un sistema de partidos políticos, solo caudillos que forman sus propios partidos como si se creara una empresa individual de responsabilidad limitada-EIRL. Alberto Fujimori, por ejemplo, creo varios partidos, Cambio 90, Nueva Mayoría, Sí Cumple, Perú 2,000, o Alianza para el Futuro. Kuczynski, mismo tiene su propio partido PPK, después de haber estado antes en Alianza por el Gran Cambio (el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista Peruano, el partido Restauración Nacional y el partido Alianza para el Progreso).

Si a pesar de lo señalado anteriormente resulta complicado definir la gobernabilidad, la mayoría de autores sobre el tema indican que la gobernabilidad se apoya en dos factores: legitimidad y eficacia/eficiencia, sobre estos dos últimos conceptos se puede decir que son las palabras favoritas de los tecnócratas, donde los resultados son los que cuentan. Para Morlino (1985) la legitimidad “consiste en un conjunto de actitudes positivas hacia el sistema político considerado como merecedor de apoyo”, mientras que para Nye (1967) “la corrupción consiste en comportamientos que generan desviaciones en los deberes propios de la función pública –asumida por elección o designación–en pos de obtener un beneficio privado –personal, familiar o grupal– o mejoras de estatus”. Ahora bien, tanto el Fujimorismo representado en el Congreso de la República, como PPK ¿han dado muestra de actitudes positivas al sistema político, teniendo en cuenta que a ambos las acusaciones de corrupción les alcanza de sobre manera?, ciertamente debe haber una acusación fiscal contundente que demuestre actos de corrupción, pero como lo señala Victoria Camps (1997) “en la actualidad un buen gobierno se gana la legitimidad día a día, en la medida en que éste no pierde la confianza de los ciudadanos”. 

2.-Señala Neira que la autocracia de Fujimori fue una respuesta a otro autoritarismo 

Esta respuesta no puede ser avalada como justificación a su autoritarismo, porque entonces tendría que admitirse que era la única salida a la violencia terrorista, cuando en Colombia por ejemplo desde la década de los 70 del siglo XX, cuando se originó el fenómeno del narcotráfico y que tuvo su auge de violencia con los carteles de Medellín y Cali en los 80, además del fuerte crecimiento de los grupos paramilitares y guerrilleros;  todos los gobiernos que enfrentaron la violencia del narcotráfico y guerra interna, lo hicieron en el marco de un proceso democrático, siguiendo mucho de estos gobiernos,  las mismas políticas de apertura de la economía nacional a la globalización que también se implementó con Fujimori en Perú. Para Francisco Tudela, esto hubiera sido posible si es que en ambos lados es decir entre el gobierno de Fujimori de inicio de los 90 y los congresistas de la República de ambas cámaras, hubiera habido políticos de estado y no aquellos que cuidaban sus intereses particulares sea porque vivían del Estado refiriéndose a la izquierda y el Apra o deseaban ser una alternativa electoral al gobierno de Fujimori, por lo tanto torpedeaban las iniciativas de leyes que aquel proponía. Adicional a ello, Tudela, va mas allá e indica que lo que Fujimori, rompe con su autogolpe de Estado, es el modelo económico y social (socialista) originado en la década de los 70, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, al crearse un modelo neoliberal en la nueva Constitución del año 1993.

Pensión no Contributiva y Personas con Discapacidad Severa en el Perú

Por Econ. Juan Solórzano Arévalo

INTRODUCCIÓN

.-La creación y posterior implementación del Programa Pensión No Contributiva para personas con discapacidad severa, supuso un hito en la aplicación de las políticas públicas sociales por parte del Estado Peruano y en las reivindicaciones sociales del movimiento asociativo con discapacidad. Por ello como parte de su trabajo de incidencia política la CONFENADIP, decidió realizar un análisis cualitativo sobre la implementación del Programa a partir de la aplicación de las políticas sociales que el gobierno viene realizando dado el impacto social que genera. Se realiza una breve revisión de sobre el sistema nacional de pensiones y como las pensiones no contributivas son parte del sistema de seguridad social. A partir de un modelo de evaluación de la inclusión de la discapacidad en la redes de protección social, se ha realizado un breve análisis en base a entrevistas, por dimensiones  el funcionamiento del Programa, dimensiones que tienen que ver con la accesibilidad y al programa, comunicación y accesibilidad social, diseño, costo del programa, y efecto del programa en la pobreza y la desigualdad.  Así mismo se tomó como caso al departamento de Huánuco en la implementación del Programa, porque la CONFENADIP a partir de la ejecución del proyecto “Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las personas con discapacidad con el apoyo de las TICs en Perú” en dicho departamento se realizaron una serie de incidencias políticas en temas de accesibilidad, además que Huánuco está catalogada como área geográfica en pobreza y pobreza extrema donde el 66.7% de su población se encuentra en el nivel socio económico  “E”, y según la ENAHO 2009-2015, de Huánuco tiene un gasto real promedio de 525 soles en el 2015. Es cierto que este departamento tiene un alto nivel de asegurados en el Sistema Integral de Salud (SIS) en alrededor del 77.5% del total de su población, sin embargo el gasto anual per cápita el bolsillo en salud en el país estaría alrededor de 114 dólares (Encuesta Nacional de Hogares, INEI 2005-2010 (proyección 34,2% al 2012), lo cual nos da una idea que para una persona con discapacidad severa pueda tener una buena calidad de vida tendría que tener no solo la pensión no contributiva, sino también servicios médicos especializados de rehabilitación, ayudas biomecánicas, buena alimentación, vivienda totalmente accesible, comunidad accesible, etc., algo que por ahora no es posible en la gran mayoría de beneficiarios del programa social.

CONTEXTO SOBRE PENSIONES EN EL PERÚ

.-El sistema nacional de pensiones del país está compuesto por  tres regímenes principales como son:

• El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), Ley 19990
• El Decreto Ley N° 20530 (Denominado Cedula Viva)
• Sistema Privado de Pensiones (SPP)

Los tres sistemas de pensiones descritos se desarrollan en función a los aportes periódicos y por años que el empleador y el empleado han hecho durante el transcurso de su vida laboral y en términos de contar con empleos dependientes y debidamente formalizados. Sin embargo según la ENAHO 2015, de las 1’500,000  personas con discapacidad en el Perú, solo la cuarta parte cuenta con una pensión dentro del sistema previsional.

En el Perú  a partir del año 2010 existe la pensión de asistencia social cuya característica principal es que está dirigida a atender a personas en situación de pobreza y pobreza extrema y que estén considerados en el grupo de poblaciones vulnerables. Los Programas  Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” (D.U. 059-2010) y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” (D.S. 081-2011-PCM); que benefician a las Personas Adultas Mayores de 65 años de edad, son ejemplos de esta política social no contributiva que se han ido implementando y que consistía básicamente en otorgar un pago monetario mensual que no sobrepasa el sueldo mínimo.

Paulatinamente a través de los años se ha ido incorporando en el Programa “Pensión 65” a adultos con discapacidad teniendo en el año 2016 atendidas a 33,607 personas en los 25 departamentos del país.

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en su artículo 59, señala que las personas con discapacidad severa y que se encuentran en situación de pobreza y que no tengan una pensión contributiva y/o ingreso económico. En tal sentido con el D.S. 004-2015-MIMP se crea el Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa, teniendo en cuenta que según el  INEI precisa que del  millón y medio personas con discapacidad,  133,000 cuentan con discapacidad severa y se encuentran en pobreza extrema.

Según información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Programa hasta la sexta etapa del año 2016, se han atendido a 6,033 personas con discapacidad severa de 08 departamentos. El proceso de identificación de los beneficiarios ha involucrado a diversas entidades públicas sobre todo a las municipalidades de las zonas de intervención priorizadas, pero en este proceso  han ido apareciendo otras necesidades sociales como son problemas de salud, de ingresos económicos de los beneficiarios que no han tenido una respuesta articulada entre las diversas entidades públicas para solucionar estas necesidades. De otro lado los criterios técnicos que el SISFOH[1] viene utilizando para determinar la elegibilidad de los beneficiarios como son afiliación a seguros de vida, tenencia de vehículos, ingresos del hogar, consumos del servicios públicos, tipos de vivienda,  bienes, niveles educativos, así como ocupación laboral,  está basado  para identificar a personas sin discapacidad, lo cual resulta insuficiente cuando se trataría de identificar como beneficiarios a personas con discapacidad, porque normalmente cuando hay un familiar con discapacidad existen otros factores que generan gastos, bienes adicionales o responsabilidades adicionales como los cuidados en la familia que es necesario identificar para poder plantear una adecuada intervención desde algún programa social.

JUSTIFICACIÓN

.-La implementación del Programa de Pensión no Contributiva para personas con discapacidad ha supuesto un hito importante en la política social, pero es necesario describir que el proceso de implementación adolece de una intervención integral articulada a otros servicios sociales tanto del gobierno nacional como de los locales, por lo que se hace necesario señalarlo, dado que muchas de las personas con discapacidad severa que están siendo incorporadas al programa presentan una serie de necesidades producto del estado precario en el que viven ellos y sus familias.

MARCO TEÓRICO

.-En términos generales la política social es una política pública orientada a aliviar la pobreza y  las necesidades sociales de las poblaciones vulnerables. Sin embargo la política social tiene una serie de sub políticas sociales por sectores que cumplen una serie de objetivos específicos, todo ello a través de un andamiaje estatal construido para tales fines. Una de las políticas sociales específicas tiene que ver con la seguridad social y la asistencia social. En el país los que cuentan con seguridad social son aquellos que cotizan y han cotizado a través de varios años y mediante un empleo formal. Aquellos que no han cotizado y casi siempre han estado laborando mediante empleos informales y/o ocasionales  se han quedado sin la cobertura de la seguridad social. En ese sentido una alternativa para tratar de subsanar esta falta de cobertura para poblaciones vulnerables como son los adultos mayores y personas con discapacidad es la implementación de las pensiones no contributivas o pensiones asistenciales monetarias, las mismas que son brindadas por el Estado a través del mecanismo de focalización de los beneficiarios en estado de pobreza y/o pobreza extrema. En este marco es esencial precisar que la idea de seguridad social tiene un sentido más amplio porque según Goldin[2] la seguridad social incluye los conceptos de

Seguridad Social Básica (SSB) y de Seguridad Social Contingente (SSC). “El primero de ellos se refiere a la provisión social de un mínimo para atender situaciones de carencia en materia de alimentación, salud, educación y habitación; el restante comprende los arreglos institucionales necesarios para atender situaciones de adversidad, como enfermedad, accidente y vejez”

Uno de los cuestionamientos que se hace al sistema no contributivo es su sostenibilidad en el largo plazo y como puede desincentivar al ahorro previsional desde el mercado de trabajo si es que se extiende a beneficiar universalmente a todos las personas. Sin embargo es importante precisar que si bien las pensiones no contributivas nacen en un inicio para atender a la población adulta mayor que no pudo cotizar durante años através del mercado de trabajo por diversas razones, en el caso de las personas con discapacidad severa surgen otros factores de exclusión social y económica que incluye a sus familias que hacen que estén por debajo o ligeramente sobre la línea de pobreza. Además la pensión no contributiva sirve como instrumento de la política social porque cumple el fin de redistribución de la riqueza y contribuye a la disminución de la pobreza.

Bosch, Melguizo y Pagés[3] (2013) señalan que ante la incapacidad de la seguridad social de brindar adecuados niveles de cobertura de los programas contributivas, van surgiendo programas no contributivas que tratan de paliar deficiencias de coberturas en salud y pensiones, con el agravante de ir generando sistemas paralelos que no logran integrarse a otros servicios públicos sociales existentes ocasionando en muchos casos duplicidad de funciones y limitada optimización de recursos. Adicionalmente se preguntan si la seguridad social tiene que seguir funcionando bajo el enfoque bismarckiano, mediante el cual “los beneficios sociales son para los trabajadores que los adquieren a través de contribuciones copagadas con el empleador” o también es necesario recoger los planteamientos del Plan Beveridge de 1942 que indica “cubrir a todos los ciudadanos sin ningún límite superior de ingreso, pero reconociendo los distintos medios de vida”

Para Willmore[4] existen cuatro tipos de pensiones no contributivas a saber:

• Pensión Universal.-Los beneficiarios son aquellas personas que llegada a una cierta edad y cumpliendo ciertos criterios de residencia y ciudadanía, acceden a un pago monetario la misma que es uniforme para todos.
• Pensión basada en criterios de residencia.-Son pensiones llamadas cuasi-contributivas porque se solicita que por cada año de residencia cuentan como una contribución para la pensión.
• Pensión sujeta a recuperación.-Incluye un importe base y un complemento de la pensión. Este último se calcula sobre la base de los ingresos acumulados del pensionista y su cónyuge[5]
• Pensión de asistencia social.-Son aquellas pensiones que están dirigidas a brindar un monto monetario periódico, previa verificación socio económica de los beneficiarios catalogados como vulnerables y en estado de pobreza y pobreza extrema.

En el Perú si bien existen servicios de ambos enfoque como son el seguro social, la asistencia social y los seguros voluntarios complementarios, aún las personas con discapacidad en el país no llegan a tener una gran participación en ella, tal como lo señalamos en líneas anteriores.

La atención  a las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema desde el Estado, hasta hace unos años ha sido muy diversa, desarticulada sectorial y territorialmente, ya sea a través de algún programa social, proyecto de inversión o actividades puntuales. Con la implementación del documento de trabajo del MIDIS, denominado Lineamientos y Herramientas para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad en los Programas Sociales del MIDIS[6] (R.M. N° 165-2015) se ha comenzado a incorporar una forma de gestión de política social en discapacidad enmarcada en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, cuyo objetivo último es lograr que “la Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social” (PEPI), pasen de estar atendidas vía políticas de inclusión social focalizadas y temporal, por otras de políticas sectoriales universales.

El programa pensión no contributiva inicialmente fue ejecutado por el MIMP[7] desde el año 2015, es recién con el D.S N° 008-2017-MIDIS, que el programa pasa a este ministerio como parte del manejo de los programas sociales. En tal sentido Vasquez[8] (2009) señala que un programa social para que sea adecuadamente ejecutado debería tener en cuenta las siguientes características básicas como son: focalización efectiva, ejecución gradual, estrategia de comunicación, evaluaciones y graduación. Cumplir estas características en el trabajo con las personas con discapacidad severa sin duda alguna pasa por tener información actualizada de los beneficiarios, coordinación intersectorial y con los distintos niveles de gobierno para que se cumplan los requisitos planteados por el programa y sobre todo establecer una metodología de aplicación del programa adaptado a las personas con discapacidad, porque este grupo social tiene una serie de particulares agregados que otros colectivos sociales no tienen como por ejemplo, conocer y aplicar adecuadamente los enfoques modernos  sobre discapacidad que se trabajan en el mundo como son el modelo bío-psico-social, que tiene en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001), uno de sus fundamentos conceptuales básicos. Este detalle conceptual básico es importante tenerlo en cuenta porque al incorporarse el programa pensión no contributiva al MIDIS y éste a su vez plantearse el enfoque de la discapacidad transversalmente  en sus demás programas sociales, debe identificar adecuadamente las barreras físicas, sociales y de comunicación que presenta este colectivo social.

El Programa Pensión No Contributiva, tiene un enfoque de transferencias en efectivo que puede caer en una visión caritativa si es que no se impulsa la perspectiva de desarrollo que trata de empoderar a las personas con discapacidad y sus familiares. El cuadro siguiente plantea una guía a tener en cuenta en la implementación de programas sociales para personas con discapacidad:

Marco para la evaluación de la inclusión de la discapacidad en la redes de protección social[9]

Diversas dimensiones:	Herramientas analíticas pertinentes:
1. Ejecución del programa 1. a Accesibilidad física          Accesibilidad de las construcciones, incluido las instalaciones de la seguridad social y el sistema de transporte.            ¿Los trabajadores sociales pueden visitar a las personas con discapacidad?            ¿Un representante de la familia puede postular, registrarse y recibir los beneficios a nombre de una persona con discapacidad?            ¿La cobertura del programa presenta alguna asimetría geográfica (por región, zona urbana vs. rural)? 1.b Comunicación y accesibilidad social           ¿La información del programa está disponible en diferentes formatos (como Braille)?            ¿Cómo maneja el programa los problemas de analfabetismo entre los beneficiarios potenciales y reales?            ¿La información del programa se publicita a través de diferentes canales además del gobierno (medios de comunicación, comunidad)?            ¿Las actitudes del personal a cargo de la seguridad social impiden o desalientan el acceso de los discapacitados a los beneficios?            ¿Algunos miembros del personal a cargo de la seguridad social tienen discapacidades?	Observación directa y revisión del manual de operaciones del programa. Datos administrativos sobre los beneficiarios, si existen. Análisis del marco jurídico. Revisión de los materiales de información disponibles; entrevistas y discusiones semiestructuradas con grupos de muestra de los actuales y potenciales beneficiarios con discapacidades y con personal del programa
2. Diseño del programa            ¿El costo de aplicar o recoger los beneficios es elevado para personas con discapacidad?            ¿Algunas de las condiciones necesarias son difíciles de cumplir para personas con discapacidad?	Entrevistas y discusiones semi-estructuradas con grupos de muestra de los actuales y potenciales beneficiarios con discapacidades. Revisión y análisis de documentos.
3. Evaluación del programa 3.a Cobertura del programa            ¿Cuál es la proporción de beneficiarios con discapacidad que reúnen las condiciones exigidas que participan en el programa?            ¿Cuáles son los perfiles de los participantes beneficiarios con discapacidad en comparación con los no participantes con discapacidad que reúnen las condiciones exigidas (por ejemplo, características demográficas, tipo de impedimento)? 3.b Efecto del programa en la pobreza           ¿Cuáles son los efectos de alivio y reducción de la pobreza del programa en las personas con discapacidad? 3.c Efecto del programa en la desigualdad            ¿Cómo se compara este efecto de alivio y reducción de la pobreza con aquel constatado en las personas sin discapacidad?	Recopilación y análisis de datos por hogares. Recopilación y análisis de datos por hogares. Recopilación y análisis de datos por hogares.

Uno de los aspectos centrales de cualquier intervención sectorial en favor de las personas con discapacidad es que ésta se encuentre alineada con las metas nacionales o políticas nacionales de desarrollo. En ese sentido el documento base que es el Plan de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad (PIO) 2009-2018,  no precisa  la forma como los programas sociales en el ámbito del desarrollo social, incorporan  a las personas con discapacidad, salvo generalidades sobre el tema como “Implementación y difusión de modelos para la prestación de servicios en beneficio de las personas con discapacidad”, aun cuando está planteado como actividad específica.

RESULTADOS GENERALES

.-El Programa Pensión no Contributiva, se crea en el año 2015 y se comienza a implementar a partir del año 2016 mediante la R.M. 043- 2016/MIMP, denominándose el Plan de Implementación del Programa del Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, teniendo un presupuesto inicial de 5’850,000.00 soles y priorizando a las 8 regiones más pobres del país como son: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. La región Tumbes fue considerado en el programa porque la continuidad del Proyecto Binacional Perú-Ecuador de ciudades accesibles.

Según las proyecciones previstas por el MIMP para atender en total en el año 2016 a personas con discapacidad severa fue de 4,500  pero al finalizar el año llegaron a atender a 4,304, otorgando 29,555 pensiones y obteniendo 18,042 certificaciones por discapacidad severa por el Ministerio de Salud (MINSA)[10]

A nivel e grupo etario la población beneficiaria estuvo conformada de la siguiente manera: Un  38% por personas entre 30 y 59 años, un 29% entre 1 a 17 años, 21% entre 18 y 29 años y un 12% mayores de 60 años.

Fuente: Portal del MIMP 2016-Elaboración propia

En cuanto al ámbito de intervención el 46% procede de las zonas urbanas y el 54% de las zonas rurales.

Fuente: Portal del MIMP 2016-Elaboración propia

 En relación a la distribución por sexo de los beneficiarios tenemos que el 47% son mujeres y el 53% son hombres.

Fuente: Portal del MIMP 2016-Elaboración propia

 Resultados específicos según modelo de evaluación de redes sociales propuesta por el Banco Mundial:

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE:

Dimensión: Accesibilidad física y al programa.

.- El Programa surge  a partir del D. S. N° 004-2015-MIMP, teniendo como base porque la Ley  N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en su artículo 59, dispone que las PCD severa tengan una pensión mensual no contributiva, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Convención sobre los derechos de las PCD. Así mismo se cuenta con un Plan de Implementación 2016, aprobado mediante R.M. N° 043-2016-MIMP, y que plantea 07 actividades administrativas operativas para un adecuado funcionamiento del programa. En base a los criterios del SISFOH se plantea inicialmente trabajar en 8 regiones, señaladas con poblaciones en estado de pobreza y pobreza extrema. Se incluye a Tumbes por fortalecer el proyecto binacional Perú-Ecuador. Se considera atender a PCD tanto de zonas urbanas como rurales. Los requisitos para acceder al programa son:

• Contar con un certificado de discapacidad otorgado por el MINSA, a través de sus hospitales autorizados, en el que se especifique que la discapacidad que tiene es severa.
• No recibir pensión alguna, ni del ámbito privado ni del ámbito público.
• Vivir en situación de pobreza según el SISFOH, Sistema de Focalización de Hogares. EL SISFOH es una base de datos hecha por el Estado y que es la principal referencia para la ejecución de los programas sociales, ya que ahí se determina en qué situación viven todas las personas.
• Los familiares de PCD severa menores de 18 años pueden acceder a postular al programa.

La identificación de los beneficiarios a pesar de que se encuentran en zonas urbanas marginales y/o rurales con cierta dificultad de acceso es posible por parte de los trabajadores sociales (SISFOH, OMAPEDs, CONADIS, OREDIS, MINSA, MIMP)

La accesibilidad física a los locales de las entidades públicas donde se tramitan los expedientes de los beneficiarios aún sigue presentando cierta dificultad, aunada al problema de transporte público nada accesible que utilizan las PCD para desplazarse a estas instalaciones públicas.

Las familias de las PCD severa de las zonas rurales, si tienen problemas de accesibilidad en varios sentidos:

• Los caminos desde las comunidades hacia las ciudades muchas veces no son accesibles peatonal ni vehicular lo que complica trasladar a su familiar con discapacidad desde las zonas rurales a los centros urbanos donde se realizan las inscripciones y/o cumplimiento de los requisitos, así como la entrega de la pensión.
• Según información de los funcionarios del programa que visitan a las PCD severa en zonas rurales muchas de las viviendas de estas personas no son accesibles internamente.

Dimensión: Comunicación y accesibilidad social

.-La información sobre el programa en la página web del MIMP no es accesible a personas con problemas auditivos y/o ceguera a diferencia de la página web del CONADIS que en su link sobre pensión no contributiva sí tiene aplicaciones para PCD sordo ciegas. No se cuenta información en formato braille.  El personal o funcionarios públicos que atienden a los beneficiarios está compuesto por personas con y sin discapacidad, en el caso del CONADIS, OMAPEDs y OREDIS predomina funcionarios con discapacidad. La difusión del programa se ha hecho a través de los medios de comunicación del estado, páginas webs institucionales así como en entrevistas en medios locales.  No ha habido un presupuesto importante para imprimir boletines, afiches, etc., y ser distribuidos a nivel nacional esto ha ocasionado por ejemplo que los usuarios no sabían a qué entidad pública pertenece el programa.  Tampoco se hizo publicidad en los medios locales donde funciona el programa. Mayormente la difusión del programa se hizo en las reuniones y/o talleres de trabajo que los responsables de la ejecución del programa, hicieron con las autoridades regionales, locales y familiares. No ha habido una estrategia comunicacional.  Refieren el personal directivo del programa que a pesar de que se hicieron y hacen talleres de sensibilización a autoridades diversas involucradas en la atención de los beneficiarios, muy pocos modifican sus protocolos de atención. El Banco de la Nación, si ha elaborado un protocolo de atención hacia los beneficiarios.  Personal del programa también ha encontrado PCD severa analfabetas, pero se ha podido establecer una comunicación adecuada con estas personas complementariamente con sus familiares y/o cuidadores.  Una de las quejas más frecuentes de los beneficiarios es que hay una escasez de médicos certificadores en las regiones donde se implementa el programa, lo cual limita el poder cumplir en el más breve plazo con los requisitos del programa.

Dimensión: Diseño y costo del programa

.-El costo de aplicar y beneficiarse del programa por parte de los beneficiarios en diferente según situación socio económico y ubicación geográfica. Todos los trámites administrativos son gratuitos, como son la obtención del certificado médico de discapacidad, la inscripción en el CONADIS. Sin embargo el poder trasladarse para hacer estos trámites a las entidades públicas sí significa un costo alto para los beneficiarios, razón por la cual los directivos del programa social en múltiples ocasiones hicieron coordinaciones con otras entidades públicas como el ejército para movilizar a los beneficiarios. El sector rural implica muchos costos que cubrir tanto por el lado del beneficiario como la gestión del programa como son transportes y comunicaciones. En la totalidad de casos la comunicación y traslado del beneficiario incluya al familiar que lo atiende, esto incrementa los costos de atención al beneficiario. Según la evaluación presupuestal anual 2016 del MIMP, las referencias que se hace al Programa se circunscribe a una data de cantidad de presupuesto asignado al programa tanto para la entrega de las pensiones correspondientes (S/ 4'322,263), como para el funcionamiento de la dirección y monitoreo del  mismo (S/ 1'272,626). Se menciona que se cumplió al 100% la entrega de estos recursos. No existe mención de indicadores de desempeño del programa que permita tener una idea del grado de efectividad, eficiencia, costo-beneficio  del programa ejecutado en el año 2016.

Sin embargo es necesario precisar que el costo de implementación del programa, tiene otros costos colaterales que sería necesario evidenciar para tener una idea global de cuanto al final cuesta una intervención social de este tipo. Y nos referimos a los costos administrativos que se generan en el Ministerio de Salud, administradoras de pensiones, los Ministerio de Economía, Interior, Defensa,  Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, SUNAT, RENIEC y gobiernos regionales y/o locales donde se implementa el programa. Estos costos administrativos tienen que ver básicamente con el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios del programa. En los portales de transparencia financiera de las entidades mencionadas no se puede visualizar las partidas para sufragar estos costos, por lo que solo un estudio más detallado sobre el tema podría aportar presupuestos aproximados que se destinan colateralmente al programa. Un tema recurrente como queja por parte de los potenciales beneficiarios es que el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) a través de sus unidades de empadronamiento en los gobiernos locales, no está catalogando adecuadamente como pobres y pobres extremos a muchas PCD severa por una inadecuada interpretación socio económica de la familia donde vive el beneficiario potencial.

Dimensión: Cobertura del programa

.-Según la ENEDIS 2012 y la ENAHO 2014  se tenía 133,954 personas con discapacidad severa y se encuentran en pobreza extrema. Es lo que se podría denominar la población potencial para el programa, dado que  la meta de la población objetivo para el 2016 era de unas 4,500 PCD severa. Sin embargo al final se atendieron 4,304, en consecuencia el porcentaje de cobertura en función de la población fue de: 3.21%.

Dimensión: Efecto del programa en la pobreza y la desigualdad

.- No existe un estudio de impacto de programa en la reducción de la pobreza. Además no se cuenta con una línea de base inicial de los beneficiarios que permita comparar el impacto del programa. La ENEDIS 2012, tiene data muy general de las PCD severa, lo cual no permite tener solo como punto de partida en la elaboración de una línea de base, dado que conforme se ha ido implementando el programa se ha recogida data muy superior a lo precisado en el ENEDIS.

Sin embargo es necesario precisar que la dación de 150 soles mensuales a cada beneficiario, solo ayudará a paliar en el corto plazo la situación de pobreza y desigualdad. El gasto real promedio per cápita  mensual según el INEI para el 2016 en la zona de la sierra fue de 573 soles, sin embargo el costo de una canasta mínima para una familia es de 704 soles. Si se sumará los 150  soles de la pensión no contributiva  a los 573 soles, se tendría 723 soles como gasto real para el costear una canasta mínima, lo cual ligeramente superaría a los 704 soles propuestos por el INEI. En la escala de los deciles, estaría en el decil 4. Este cálculo de ingreso tiene una mirada de la reducción de la pobreza por el lado monetario y no un enfoque multidimensional que es la que correspondería hacer porque la desigualdad solo podrá ser reducida si es que se toma el enfoque mencionado. El concepto de desigualdad abarca múltiples aspectos es decir no solo tienen que ver solo la con mejora de ingresos económicos, sino que además está relacionada con el género, edad, clase, etnia, religión, oportunidades y en casi todos estos aspectos las personas con discapacidad severa tienen grandes desventajas o afectación de sus derechos. No se puede negar que el índice Gini que mide la desigualdad en la distribución del ingreso ha ido disminuyendo en el país, de estar en el 2004 en 0,49 se sitúa en el 2016 en 0,44 a nivel nacional, sin embargo desde el 2013 este rango se ha mantenido, lo cual indica que la desigualdad medida en esos términos no ha disminuido.

Caso Huánuco:

.-El departamento de Huánuco[11] es una de las áreas geográficas donde se aplica el Programa de Pensión No Contributiva por estar catalogado como uno de los departamentos con tasas significativas de su población en situación de  pobreza de alrededor 32,4% y 36,1%.

Según el ranking de competitividad regional elaborado por el IPE[12] para el año 2015, este departamento se encontraba en el puesto 21 de un total de 24 departamentos, esto es porque en términos de entorno económico, infraestructura, instituciones, educación, salud y trabajo, presentaba una serie de debilidades,  mayores a sus fortalezas y oportunidades, tal como se aprecia apreciar en el cuadro N° 01 siguiente:

Cuadro N° 01 Competitividad regional 2015

Foto captura: Página web Instituto Cuanto

En el informe de competitividad regional 2016 del IPE, Huánuco vuelve a estar en el puesto 21 de un total de 24 departamentos, aunque mejorando o manteniéndose en algunos puestos.

Las provincias de Huánuco como son Pachitea y Marañón  tienen más de 85% de población rural donde según el INEI el ingreso promedio per cápita mensual para la sierra rural por dominio para el año 2016 es de 432 soles, tal como se aprecia en el cuadro N° 02

El 66.7% de familias de Huánuco según nivel socio económico están situados en el nivel “E”, tal como se aprecia en el cuadro N° 03

 

La población de Huánuco del estrato “E” en su composición de gasto mensual el 50% lo destina a alimentos, seguido por vestido y vivienda con un 8% respectivamente, quedando los gastos de salud en un quinto puesto con 6% de ingresos destinados a tal rubro. El cuadro N° 04 sobre Distribución del Gasto Según NSE 2015 - Perú[13] (Urbano + Rural), nos muestra el detalle de los gastos:

Fuente: APEIM 2016: Data ENAHO 2015

Según el mapa de discapacidad en Huánuco, existen 21,071 personas con discapacidad severa, de los cuales solo 8,428 se encuentran en situación de pobreza, tal como lo indica el gráfico N°01

Foto captura: Página web del Programa-MIMP

La discapacidad severa es definida como “aquella que genera dependencia (absoluta o casi absoluta) de otra persona para las actividades de la vida diaria. La persona con discapacidad severa depende de otra persona para actividades como: alimentarse, vestirse, higiene, traslado entre otras actividades. Además, en algunos casos, la persona que asiste puede requerir de una ayuda o dispositivo que le permita asistir. Incluso, existen casos de discapacidad severa completa[14]”

En un estudio sobre discapacidad y pobreza efectuada por Francisco Javier,  el coste de la discapacidad severa consume  alrededor del 70% de la renta del hogar, lo cual genera que los hogares con familiares con este grado de discapacidad, estén dentro de la línea de pobreza y pobreza extrema. “En resumen, se considera que existen unos costes extras asociados a la discapacidad por el hecho de que las personas discapacitadas necesitan gastar más en bienes que también consumen las personas no discapacitadas (como puede ser la calefacción), porque las discapacitadas han de gastar en bienes específicos relacionados con su discapacidad (como pueden ser los pañales) y porque la productividad de los bienes consumidos puede ser menor que en el caso de una persona plenamente capaz. Y estos costes, puesto que reducen el bienestar, han de reflejarse en la función de costes de los hogares[15]”

DISCUSIÓN

.-El Programa Pensión No Contributiva para personas con discapacidad severa, cumple una función de alivio a la pobreza y pobreza extrema en el país por lo tanto es indispensable en cuanto ayuda más que monetariamente, debería servir como un articulador de otras intervenciones sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ciertamente este tipo de programas se debate permanentemente en la sostenibilidad del mismo y si se alienta más bien  que más ciudadanos aporten al sistema pensionario tradicional desde muy temprana etapa laboral, pero en un contexto de ineficiencia institucional, escasez de recursos pensionarios de la ONP y de limitados  beneficios de  las AFPs, la participación de las personas con discapacidad severa es demasiada limitada o inaccesible en este contexto. El país no tiene una larga institucionalidad en la aplicación de pensiones no contributivas, el Programa Pensión 65 fue creado en el año 2011, sobre la base de mejorar las condiciones de vida del adulto mayor de 65 años para “que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales[16]”, y desde esa fecha ha ido mejorando su proceso de implementación, no exenta de múltiples cuestionamientos, como por ejemplo que mejoró el bienestar económico del adulto mayor, pero no su salud[17]. En el caso del Programa para PCD severa su inicio también ha sido complicado con escasez de recursos humanos y logísticos a nivel multisectorial, pero también en el marco de una institucionalidad local y regional aún más ajena a la problemática de las PCD que si bien paulatinamente ha ido corrigiéndose; en términos de mejora de la calidad de vida de los beneficiarios sobre todo en salud,  más allá de que estén inscritos en el seguro integral de salud, no aporta logra aportar aún beneficios que ayuden precisamente a mejorar el tratamiento de su  estado de salud y/o fortalecer una relativa vida independiente. En defensa del programa se podría decir que entrega recursos monetarios que mejoran los ingresos económicos de las familias, pero si ese fuese lo central como política social se tendría una visión monetarista en la solución de los problemas sociales de las PCD severa.

CONCLUSIONES

.-El programa Pensión No Contributiva para personas con discapacidad severa como derecho y como parte de una política social, cumple una labor de apoyo simbólico monetario en los ingresos de las familias de escasos recursos económicos, pero no está articulado eficientemente a otras intervenciones sectoriales, regionales y/o locales que tratan de disminuir la situación de pobreza de las poblaciones vulnerables. Ciertamente en un año de funcionamiento con todas las dificultades que significa desarrollarse en las complejidades administrativas burocráticas se percibe un gran avance en cuanto a cobertura, aunque aún la brecha frente a los potenciales beneficiarios es grande. Ha habido limitaciones presupuestales que no han permitido por ejemplo implementar una estrategia comunicacional, que permita entre otras cosas orientar a los usuarios a que entidad pública pertenecía el Programa. Hay entidades públicas que si están considerando atender adecuadamente  a las PCD severa, al desarrollar protocolos de atención a este tipo de usuarios, pero por ahora son pocos y se hace necesario seguir avanzando en ese sentido, por ejemplo las autoridades del Programa indicaron que existen beneficiarios que desean seguir estudios escolares o técnicos, pero que no tienen la oportunidad de hacerlo porque sencillamente no encuentran las facilidades de las autoridades educativas para tal fin o que a nivel del SISFOH no se contaba con información de familiares con discapacidad. Existe mucha desinformación presupuestal en los propios funcionarios del estado sobre todo en el ámbito regional y local, para aplicar recursos que ayuden en la implementación del programa y  que tiene que ser atendido.  La discusión entre potenciar el sistema pensionario tradicional y/o las pensiones no contributivas, es insulsa o innecesaria porque en el caso de las PCD severa en situación de pobreza, donde sus familias destinan el 6% de sus ingresos familiares en atención a la salud, una intervención social de este tipo es importante, dado que visibiliza ante las autoridades las múltiples carencias en el hogar del beneficiario sujetas en algún momento a ser atendidas. Cuando se realice el estudio de  impacto del programa en la reducción de la pobreza y la desigualdad de los beneficiarios del programa, siempre será limitado si es que a nivel estructural no se generen eficientemente condiciones de desarrollo socio económico como en el departamento de Huánuco, dado que este desde hace varios años está en el grupo de departamentos con pobreza y pobreza extrema. Sin crecimiento económico no habrá manera de bajar la pobreza en el país y específicamente en departamentos  como Huánuco donde se implementa el programa.

RECOMENDACIONES

• La implementación del Programa Pensión No Contributiva para PCD severa más allá  de la contribución simbólica monetaria, tiene un impacto de visibilización de la situación de los beneficiarios frente a otras instancias públicas y privadas que directa o indirectamente trabajan el tema de la discapacidad y que es necesario potenciarlo con una articulación eficaz y eficiente de tal forma que contribuya frente a otras intervenciones reducir el nivel de pobreza de las PCD severa. Allí donde el programa interviene las certificaciones en discapacidad aumentaron.
•  Estando pendiente la realización de algún estudio que permita tener un diagnóstico certero de los avances del programa, ésta debería considerar una metodología para la evaluación de la inclusión de la discapacidad en la redes de protección social que sugiere el Banco Mundial.
•  Existen Gobiernos regionales como Cajamarca y Amazonas que si han puesto gran interés y apoyo institucional en apoyar el Programa a los cuales habría que buscar replicar sus experiencias a través de talleres, pasantías, etc., de tal forma que se vaya generando unas prácticas de gestión institucional que ayuden a disminuir las ineficiencias de gestión pública cuando aún persisten altos niveles de rotación de personal en los gobiernos sub nacionales.
• El Ministerio de Salud debe seguir promoviendo la capacitación de médicos certificadores en discapacidad que aún en algunos departamentos del país no existen en una cantidad adecuada para atender las múltiples necesidades de las personas con discapacidad en general.
•  Implementar una estrategia comunicacional con presupuesto incluido que permita dar a conocer a los beneficiarios y demás actores los objetivos y proceso de implementación del Programa.
• Generar información disponible y guías de aplicación presupuestal relacionada a la discapacidad a nivel de los gobiernos sub nacionales.
• Perfilar mejor la recogida de data sobre las personas con discapacidad en el SISFOH y la evaluación socio económica respectiva.

BIBLIOGRAFÍA

• MIDIS. Resolución Ministerial N° 151-2016
• Adrián O. Goldin. Dos Estudios sobre Las Normas Laborales: Una Reflexión sobre la Inefectividad del Derecho Social y una Propuesta Internacional.. Buenos Aires: Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades, 2005
• Mariano Bosch, Ángel Melguizo y Carmen Pagés (2013), Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe. BID
• Willmore, Larry. (2006), “Non-contributory pensions: Bolivia and Antigua in an International context”, Serie Financiamiento y Desarrollo Nº 167, CEPAL, Santiago, Chile.
• Enrique Vásquez Huamán, Gerencia Estratégica de la Inversión Social. Universidad del Pacífico.2009
•  INEI. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016
• Instituto Peruano de Economía (IPE) - Índice de Competitividad Regional - INCORE 2015
• APEIM. Niveles socio económicos 2016. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
•  Francisco Javier Braña Pino, José Ignacio Antón Pérez. Pobreza, Discapacidad y Dependencia en España.. Universidad de Salamanca. 2011.
• Ministerio de Economía y Finanzas. Reseña de Evaluación de Impacto. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2012-2015). Dirección de Calidad de Gasto Público.

Páginas Web

•  http://www.udesa.edu.ar
•  http://www.regionlalibertad.gob.pe/ineiestadisticas/
•  http://www.worldbank.org/safetynets. Banco Mundial, Red sobre desarrollo humano Protección social, Redes de protección social
•  www.mimp.gob.pe
• www.conadisperu.gob.pe
• www.pension65.gob.pe

Entrevistas

-Lidia Sihuacollo, Directora del Programa Pensión No Contributiva para Personas con Discapacidad Severa-MIMP

-Lic. Enrique Carpio, Presidente de la Federación de Personas con Discapacidad de Huánuco.

- Dra. Blanca Elena Luque Chauca, Directora Ejecutiva de la Dirección de

Prevención y Control de la Discapacidad-Ministerio de Salud.

-Dra. Dora Villanueva de Alfaro, Directora de Promoción y Desarrollo Social-CONADIS

-Funcionarios de las OMAPEDs de la Municipalidades de Huánuco, Ambo, Huacar y Pillcomarca.

-Funcionarios de SISFOH de las Municipalidades de Ambo y Huacar

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[1] Resolución Ministerial N° 151-2016-MIDIS

[2] Adrián O. Goldin, “DOS ESTUDIOS SOBRE LAS NORMAS LABORALES: UNA REFLEXION SOBRE LA INEFECTIVIDAD DEL DERECHO SOCIAL Y UNA PROPUESTA INTERNACIONAL”. http://www.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/DT/DT37-GOLDIN.PDF.

[3]Mariano Bosch, Ángel Melguizo y Carmen Pagés (2013), Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe. BID

[4] Willmore, Larry. (2006), “Non-contributory pensions: Bolivia andAntigua in an International context”, Serie Financiamiento y Desarrollo Nº 167, CEPAL, Santiago, Chile.

[5] La Seguridad Social en Dinamarca. Unión Europea 2012

[6] Ministerio de  Desarrollo e Inclusión Social.

[7] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

[8] Enrique Vásquez Huamán, Gerencia Estratégica de la Inversión Social. Universidad del Pacífico.2009

[9] Banco Mundial, Red sobre desarrollo humano Protección social, Redes de protección social http://www.worldbank.org/safetynets

[10] Fuente del Portal del MIMP

[11] Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016, página 45.

[12] Instituto Peruano de Economía (IPE) - Índice de Competitividad Regional - INCORE 2015

[13] Niveles socio económicos 2016. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados-APEIM

[14] Preguntas frecuentes-CONADIS

[15] Pobreza, Discapacidad y Dependencia en España. Francisco Javier BRAÑA PINO, José Ignacio ANTÓN PÉREZ. Universidad de Salamanca. 2011. Página 20.

[16] Página web de Pensión 65

[17] Reseña de Evaluación de Impacto. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2012-2015). Dirección de Calidad de Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.