Vida republicana y los rezagos del colonialismo

Por Juan Solórzano Arévalo

.-Después que se produjo la juramentación de la independencia peruana, el 28 de Julio de 1821, por el generalísimo José de San Martín, bajo el “protectorado” de su gobierno, la aristocracia colonial hispano-criollo, buscaron el apoyo del libertador, para implantar un gobierno “monárquico” constitucional, similar al de Inglaterra, porque consideraban que las condiciones culturales, políticas y sociales no permitían al Perú un cambio tan brusco, para constituir un estado republicano libre y soberano, ni mucho menos federal.

Sin embargo se adopta  el modelo republicano de Estado, que  surge de la ilustración europea, matizada con aportes de la ilustración francesa y la ilustración española o monárquica.

Es así como la naciente República, vivió un prolongado periodo de inestabilidad política, durante 108 años, donde se promovieron la imposición del caudillismo, con sus luchas permanentes por alcanzar el poder, tanto militar como civil, algunos “constitucionales”, pero lo más surgidos de decisiones de cuartel, encabezados por coroneles o generales, movidos por intereses personales o egoísmos de grupos, con el único propósito de consolidar y afianzar el modelo de organización política propuesta por el unitarismo republicano, teniendo un gobierno central, cuya base estaría en la capital de la república, debido a que no se contaba con ningún proyecto de desarrollo histórico-nacional, que debía englobar una política coherente y armónica, en concordancia con las necesidades reales de una geografía accidentada y de sus recursos económicos de cada región y su desarrollo social respectivo.

Esta inestabilidad política prolongada, sin duda le ocasiono un gran costo institucional al país, porque no permitió crear las condiciones de desarrollo, desde muy temprano, a diferencia de los Estados Unidos que solo tuvo cinco años de inestabilidad política entre 1860 y 1865, para luego abocarse a crear las condiciones de una futura nación industrial.

Según Lipset “Todos los estados que recientemente han logrado su independencia se enfrentan con dos problemas interrelacionados: Legitimar el uso del poder político y establecer la unidad nacional”

Evidentemente estos dos problemas al no ser afrontados  por un proceso político de democratización de una ciudadanía sin restricciones y de movilidad social dinámica, origino una suerte de polarización económica, con grandes desigualdades sociales que no ayudo a consolidar una burguesía capitalista con una vocación  “constructora e inclusiva de país”.  De hecho en  lo referente a la movilidad social de la población,  si bien es cierto que en la colonia el mestizaje de indios con españoles no fue permitido, si se alentó una cierta movilidad social entre los mestizos, cuidando que no se formara una unión entre indios y negros, de tal manera que pudiera formarse una clase social que pusiera en jaque el sistema económico, tal como señala Arpa (2011).  Este patrón de conducta social, fue mantenido por muchos años más, por las clases y élites criollas, después de la independencia, porque era rentable  para sus negocios. A decir de (Ossenbach, 1993) en naciones como el Perú, con un lastre histórico colonial y una anarquía posterior a su independencia, se impuso la necesidad de afirmar el estado, antes que supeditarse a cualquier consideración social de igualdad de derechos.

El modelo republicano  implementado, al principio no tuvo un modelo de desarrollo, alternativo al modelo colonial extractivista-primario. Por un lado teníamos a una elite criolla norteña  y centralista que propugnaba medidas proteccionistas antes que por políticas del libre comercio, como si lo prefería la elite del sur andino. Ejemplo ideológico de esta disputa se ve reflejado en la Ley de Prohibiciones, dada en Junio de 1828, mediante el cual se prohibía la importación de productos que eran producidos en el Perú, con el fin de establecer una industria local fuerte. Frente a ello hubo voces que se opusieron a esta medida gubernamental como la de Manuel Lorenzo de Vidaurre, que  haciendo mención a las ideas liberales de Say, Adam Smith y Duyoner, sostenía que “todos los hombres tiene por naturaleza el derecho de comprar de quién quieran y de vender del mismo modo; no se pueden crear gabelas para beneficiar a cierto número de miembros de la sociedad imponiendo nuevas obligaciones a los demás y el gobierno no debe hacer que choquen la economía doméstica con la política” (Basadre, Historia de la República).

Este mercantilismo readoptado basado en la extracción y acumulación de los metales preciosos y de una incipiente agricultura, no necesito mano de obra calificada por lo tanto la incorporación a  la educación pública de las poblaciones marginadas fue escasa.  Lo que si ayudo este modelo educativo de inicios de la república fue a generar indirectamente mano de obra para la burocracia estatal y los servicios complementaria para el modelo económico (Ossenbach, 1993)  

Si bien es cierto que la primera constitución del Perú de 1823, señalaba que el estado a través del congreso iba a dictar las políticas y directivas necesarias para asegurar esa educación pública  a todos los ciudadanos, esta aspiración política no pudo hacerse por mucho tiempo efectiva, por la ineficacia del aparato estatal tal como lo señala Galdos (2011) al estudiar a Manuel Vicente Villarán, de quién dice que:” investigó a fondo el proceso de la instrucción primaria entre 1821 y 1901. Su evaluación nos muestra que fue un fracaso debido a la pobreza de los municipios, la desorganización casi permanente de estos, su incompetencia pedagógica y administrativa, la falta de control del Poder Ejecutivo sobre la administración escolar ejercida por las municipalidades, la carencia de inspectores de educación debidamente preparados para esta función y la falta de un órgano central de dirección”

En cuanto a los niveles de desigualdad y su relación con la pobreza y desarrollo económico, el país  heredo las prácticas coloniales, que afectaba sobre todo a la población indígena y negra,  al no ser equiparados en iguales derechos con la élite criollo, en parte por el modelo económico heredado, pero también porque estas mismas élites considerando lo que les había pasado a las clases acomodadas de la revolución francesa, no quisieron impulsar reformas que pusiera en riesgos su integridad personal,  familiar y patrimonial.