¿Qué es son fallas del Estado?
.-Son fallas del Estado, aquellas acciones o decisiones que toman los funcionarios públicos en torno a la asignación de recursos a favor de un grupo social determinado, en detrimento de otros grupos sociales que con legítimo derecho reclaman ser atendidos en sus demandas. Estas decisiones obedecen a la complejidad de la información sobre la realidad de los involucrados en la actuación estatal, el uso de influencias y la calidad de los líderes (Ogus, 2004; Besley, 2006).
Por ello cuando hablamos de Fallas del Estado, aunque conceptualmente es un término sociológico, político y económico de hace unas décadas, se percibe que el Estado Peruano, ha sido moldeado por la acción directa de políticos que han impuesto y/o promovido en otros casos sus propias agendas particulares. Cabe destacar que las principales “correcciones” a las fallas del Estado han tenido influencias externas, producto de que como país, siempre hemos estado ligados a los vaivenes de la economía mundial y las corrientes políticas ideológicas externas.
Por ejemplo cuando se produce la independencia del Perú, el modelo republicano de Estado, surge de la ilustración europea, matizada con aportes de la ilustración francesa y la ilustración española o monárquica. Modelo republicano que para su implementación, al principio no tuvo un modelo de desarrollo, alternativo al modelo colonial extractivista-primario. Hubo intentos de serios de revertir esta situación, por citar el caso de la Ley de Prohibiciones, dada en Junio de 1828, mediante el cual se prohibía la importación de productos que eran producidos en el Perú, con el fin de establecer una industria local fuerte. Frente a ello hubo voces que se opusieron a esta medida gubernamental como la de Manuel Lorenzo de Vidaurre, que haciendo mención a las ideas liberales de Say, Adam Smith y Duyoner, sostenía que “todos los hombres tiene por naturaleza el derecho de comprar de quién quieran y de vender del mismo modo; no se pueden crear gabelas para beneficiar a cierto número de miembros de la sociedad imponiendo nuevas obligaciones a los demás y el gobierno no debe hacer que choquen la economía doméstica con la política” (Basadre, Historia de la República).
En las décadas posteriores el patrón de intervenciones del Estado en el desarrollo del país, ha ido variando, según su capacidad técnica, ya sea para tratar asuntos relacionados a la venta de guano, la agricultura, la minería y las artes.
A inicios del siglo XX, se crea los Bancos de Reserva, hipotecario y agrícola, con el fin de dar al estado un importante rol regulador en el ámbito financiero, sin embargo esta estructura financiera y aparato estatal, se vió afectada por las dificultades económicas externas y fiscales, colapsando en el periodo de 1927-1930.
En los años treinta, en América Latina, se puso en boga el promover el Estado desarrollista, mediante las políticas de sustitución de importaciones y el desarrollo de mercados internos. Los funcionarios públicos establecieron subsidios a la producción nacional, elevaron los aranceles a las importaciones y establecieron tipos de cambios elevados, por citar los rasgos más importantes de esta política.
Posteriormente frente a la crisis del Estado populista, también como una corriente ideológica externa y en el marco del Consenso de Washington, se promovió por parte de las más altas autoridades gubernamentales, políticas públicas relacionadas a la apertura de las economías nacionales, la desregulaciones de los mercados, privatizaciones en serie y una reducción de la intervención del aparato estatal a actividades mínimas en los sectores productivos, haciéndose hincapié de que solo debería ocuparse de los sectores de atención básica como la salud, la educación y el fomento del empleo, además de garantizar la seguridad interna y externa del país.
Actualmente el estado peruano, está transitando por las rutas económicas del neoliberalismo y por ende sus intervenciones, apuntalan a seguir un modelo de economía abierta, donde su acción regulatoria y promotora está presente en las políticas públicas que se aplican.
Frente según lo señalado líneas arriba, se concluye que siempre hubo fallas del estado.
Análisis de las fallas del Estado en el sector educativo.
.-En un documento de investigación, efectuado por Walter Puelles, del Instituto de Libre Empresa, denominado ¿Por qué falla el Estado en la Educación?-2001, se cuestiona la intervención del Estado en cuanto a la gratuidad de la enseñanza, dado que según este autor, se estaría vulnerando los derechos y propiedad privada de los demás. Señala además doce razones por las cuales esta intervención es nada moral y económicamente incorrecto, entre las que podemos señalar:
- Imposibilita el cálculo económico.-Porque no existe medida de evaluación de satisfacción de los usuarios educativos.
- Promueve la inmoralidad.-Dice que la “gratuidad de la enseñanza”, está basado en que el Estado coercitivamente, dispone de unos recursos de unos, mediante impuestos, para destinarlos entre otros a través del gasto público.
- Expulsa la inversión privada.-El Estado al intervenir en la “gratuidad de la enseñanza”, copa prácticamente gran parte de la demanda educativa, haciendo que el sector privado participe menos en la generación del PBI.
- Restringe la competencia.-El Estado monopoliza la educación de los más pobres, eliminando la competencia y por ende la mejora en la calidad del servicio educativo.
- La explotación del Estado.-El docente recibe una retribución muy por debajo del mercado, que es aprovechado junto a los impuestos, para la manutención y expansión del gasto público.
- Corta el proceso de especialización.-Porque estandariza los productos educativos, no dejando espacio para la innovación educativa y técnica del sector.
- Desincentiva la acumulación del capital humano.-Dado que los docentes no arriesgan en invertir en su mayor profesionalización al no haber mayores incentivos económicos.
- Distorsiona el mercado laboral.-Al no estar la planificación educativa en criterios económicos, genera distorsiones en los ingresos de las personas.
- Genera discriminación e inequidad.-La baja calidad educativa de los egresados de los colegios, institutos y universidades públicas, frente a los del sector privado, genera una discriminación e inequidad al momento de ingresar al mercado laboral.
- Distorsiona la información del costo de vida.-Al ser gratuita el servicio educativo, el costo no es reflejado en la canasta básica familiar de una manera real, por lo que produce expectativas demográficas negativas.
- Reduce la capacidad de elección.-La aplicación de impuestos reduce los ingresos de las familias y por lo tanto disminuye las posibilidad de elección de los mismos.
- Ineficiente asignación de recursos.-Indica que esos recursos económicos que el Estado destina a la “gratuidad de la enseñanza”, estarían mucho mejor utilizados en manos del sector privado, al tener estos mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión educativa.
Frente a estas doce razones señaladas, ¿Podemos concluir que la intervención del estado es innecesaria?
.-Como premisa básica podemos señalar que la existencia del Estado, como cuerpo jurídico, organizativo y directriz, es necesario e importante en la vida social, económica, política y religiosa de un país. Evidentemente en un proceso de elección pública y en un sistema democrático, las decisiones políticas sobre la asignación de recursos, no va a ser igual que las racionales decisiones individuales, porque no se podrá satisfacer a todos los actores involucrados en la asignación y beneficio de los recursos.
En tal sentido lo que señala Walter Puelles en sus doce razones por las que falla el Estado en el sector educativo, tiene medias verdades:
- Es cierto que no existe un sistema eficaz de evaluación de impacto del desempeño escolar y docente, pero no por ello el Estado puede dejar de atender a la población escolar. El sector privado educativo, tampoco en su totalidad tiene excelentes sistemas de evaluación del desempeño escolar.
- La coerción del Estado para captar y asignar recursos, es necesaria en la medida que el mercado no es redistribuidor de recursos. Inclusive el Estado aun cuando no asigna recursos directamente a la actividad privada, sino exonera de algunas tasas impositivas a favor de las empresas educativas privadas, por lo tanto promueve su participación económica. Las empresas privadas cuando hacen su balance de costo-beneficio, se dan cuenta que no pueden atender a las poblaciones más pobres del país.
- Es evidente que el Estado “explota” al trabajador docente, al no pagarle por sus servicios adecuadamente y ajustada a derecho, pero en el sector privado también hay una precarización muy general de los salarios de los docentes. Hay un problema de prioridades de políticas públicas, visión política y de presupuesto, por las cuales existe aún la precariedad laboral de muchos docentes del país.
- Lo opuesto al problema de la estandarización educativa, sería la multiplicidad de currículos escolares, sin ninguna relación entre sí, lo cual ocasionaría una anarquía educativa, que no se da en ninguna parte del mundo, puede y debe haber espacios de innovación pedagógica y de gestión educativa institucional para disminuir las brechas de inequidad y discriminación que genera la baja calidad educativa.
- Evidentemente al haber empleo productivo y sostenible en el tiempo para los trabajadores del país, se estaría garantizando mayores niveles de calidad de vida, y por lo tanto la posibilidad de mejorar la educación de los integrantes de las familias. El sector educativo, por sí solo no puede garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas, más aun cuando las familias pobres no están organizadas y por ende tienen reducidas sus capacidades de influir en las decisiones gubernamentales.
En conclusión frente a todo lo descrito, las fallas del Estado son inevitables que se presenten porque en cada uno de los puntos analizados, están involucrados acciones de elección de asignación de los recursos, que no necesariamente van a satisfacer a todos los ciudadanos y porque además habrá grupos que al estar más organizados que otros, pugnarán por hacer prevalecer sus derechos, a través de sus representantes políticos o funcionarios públicos afines a estos.
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