Institucionalidad del Estado

Por Juan Solórzano Arévalo

Después de la independencia el patrón de intervenciones del Estado en el desarrollo del país, ha ido variando, según su capacidad institucional, ya sea para tratar asuntos relacionados a la venta de guano, la agricultura, la minería y las artes. En este contexto el guano fue el producto providencial que ayudo a generar ingresos económicos al país, después de una serie de crisis económicas sucedidas post independencia. Sin embargo la debilidad institucional del estado, los sobornos, privilegios y tratos turbios terminaron por “frustrar el progreso socio-económico y político del Perú de mediados del siglo XIX” según Quiroz (2013)

De hecho después de la independencia el nuevo estado peruano ya venía arrastrando unas pésimas finanzas públicas, producto de la ineptitud y carencia de principios de los jefes militares y los caudillos locales que contribuyeron al saqueo de bienes públicos y privados y de la pérdida de capacidad de pago del estado peruano, frente a sus obligaciones y deudas contraídas. Este panorama descrito volvió a repetirse después de la guerra del pacífico bajo el disfraz de la causa nacional. Aurelio Denegrí, el primer ministro de Cáceres, afirmó en un diario local que sus antecesores habían desviado fondos públicos como recompensa ganada por actos patrióticos. Quiroz (2013)

Para 1911, la visión de Jerome a Grey diplomático británico sobre la situación política del país no había cambiado mucho, frente a la debilidad institucional y la cultura del soborno, descrito anteriormente, él dijo: “El Perú se encuentra actualmente en una de esas fases, tristemente bastante común en las repúblicas hispanoamericanas, en la cual el gobierno central es débil, una condición que permite a cualquier autoridad menor actuar de modo prepotente, lo que puede llevar a las situaciones más infortunadas”

Acemoglu y Robinson en el análisis que hacen del porque algunos países son ricos y otros pobres, comentan que no es la ignorancia de los líderes lo que genera las disparidades de desarrollo entre países, sino los límites institucionales a los que se enfrentan. Mientras que para algunos es bueno fomentar políticas públicas eficaces y eficientes que ayuden al crecimiento de un país, para otros es una buena política comprar el apoyo de grupos o élites claves para mantenerse en el poder. Este último aspecto, es sin duda alguna lo que vino primando en el primer siglo de vida del país.

En los años treinta, en América Latina, se puso en boga el promover el Estado desarrollista, mediante las políticas de sustitución de importaciones y el desarrollo de mercados internos. Los funcionarios públicos establecieron subsidios a la producción nacional, elevaron los aranceles a las importaciones y establecieron tipos de cambios elevados, por citar los rasgos más importantes de esta política. 

Posteriormente frente a la crisis del Estado populista, también como una corriente ideológica externa y en el marco del Consenso de Washington, se promovió por parte de las más altas autoridades gubernamentales, políticas públicas relacionadas a la apertura de las economías nacionales, la desregulaciones de los mercados, privatizaciones en serie y una reducción de la intervención del aparato estatal  a actividades mínimas en los sectores productivos, haciéndose hincapié de que solo debería ocuparse de los sectores de atención básica como la salud, la educación y el fomento del empleo, además de garantizar la seguridad interna y externa del país.

De este periodo de reformas liberales, si bien es cierto que  el Perú fue uno de los países que más impulso dio a las privatizaciones de los servicios públicos, podemos indicar que también no fue ajeno a los procesos de renegociación de los contratos de infraestructura en América Latina, donde la postergación de las inversiones, incremento de tarifas, reducción en las obligaciones de inversión e incremento de los costos de producción, respectivamente fueron los principales tópicos recurrentes que las empresas transnacionales agendaron a los gobiernos. Esta situación descrita fue posible porque al tener instituciones públicas reguladores nuevas y débiles, muchas veces las normas regulatorias eran muy inconsistentes.

Solo cuando la economía del país comenzó a mejorar y las reguladoras fortalecidas, el poder de negociación con las transnacionales mejoraron (Moussa, 2007).

Actualmente el estado peruano, está transitando por las rutas económicas del neoliberalismo y por ende sus intervenciones, apuntalan a seguir un modelo de economía abierta, donde su acción regulatoria y promotora está presente  en las políticas públicas que se aplican. Sin embargo si nos atenemos a seguir reproduciendo las trabas de desarrollo mencionadas anteriormente, evidentemente estaremos manteniendo un esquema de desarrollo vulnerable y desigual.  Según El año 2013 la Región Arequipa tuvo un  “elevado crecimiento económico, bastante mayor al promedio del país. Según el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICAE) del IPE.

Sin embargo diversos estudios económicos sobre el tema, indican que solo ocho ciudades de la costa y dos de la sierra, se ubican en las 10 ciudades más desarrolladas. Las ciudades de la selva están rezagadas y aunque su desempeño económico no ha retrocedido como en Cajamarca,  su progreso económico es muy lento. Por un lado hay mayores infraestructuras viales, servicios públicos de salud, educación, etc., en estas ciudades  de la costa y sierra, pero en general el nivel de su economía regionales, son aún primarios y de una reducida innovación tecnológica, lo cual apropiadamente podemos decir que estos lugares son polos de desarrollo de nivel básico. Todo esto sucede porque aún persiste la atomización de proyectos de inversión pública, por la carencia de proyectos de impacto regional, no se cumplen a cabalidad los acuerdos y compromisos de los procesos participativos, hay una falta de cultura de gestión, gobiernos regionales no potenciados con personal técnico profesional aunado a la falta de capacitación y entrenamiento en los diferentes sistemas administrativos y mercados regionales y locales de bienes y servicios limitados.

Esto es importante precisarlo porque lo que sucede como desarrollo económico y social en el país, esto se proyecta en las relaciones económicas con los demás países del mundo.

El Perú ha firmado como 14 tratados de libre comercios con países y bloques económicos y según el balance entre lo exportado podemos decir que seguimos siendo productores primarios con un escaso nivel de producción agregada. ¿Es sustentable y viable este actual modelo de desarrollo?

Evidentemente cuando tenemos una Colombia, Chile y México que integran la Alianza del Pacífico las asimetrías de desarrollo saltan a la vista con respecto al Perú, porque precisamente el modo como está siendo direccionado  su modelo de desarrollo, no ayuda mucho a ser un país más competitivo por lo menos a nivel de este bloque regional. Hausmann y Klinger (2008) señalan en un trabajo sobre exportaciones en Colombia, que “los países convergen hacia el nivel de ingreso implícito en su canasta de exportaciones”, esto quiere decir que los países con canastas de exportación poco sofisticadas, se quedarán rezagadas en el desarrollo.

Nicholas Kaldor (1939) señalaba que una política pública es deseable en tanto esta produzca compensaciones o no empeoren la situación de  los menos desfavorecidos. Pero además agregaría que una política pública tiene que ayudar a contribuir a mejorar la distribución de los recursos y generar oportunidades entre los ciudadanos. Para que ello suceda tenemos que tener una clase política y de funcionarios públicos, con capacidad técnica y de liderazgo que genere políticas y toma de decisiones eficientes y eficaces que afine mejor el rol del estado.