Participación de las organizaciones de Personas con Discapacidad como movimiento social

Por Juan Solórzano Arévalo

.-Desde hace un buen tiempo, las entidades públicas en Perú, encargadas de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad, vienen realizando diversas acciones, como promover políticas, planes, programas y proyectos.  Y es que los gremios además de realizar acciones reivindicativas a todo nivel de gobierno, también han venido evidenciando su necesidad de fortalecer sus capacidades de gestión, organización y planificación. En este contexto el desarrollo y presentación de proyectos tanto de inversión pública como  de cooperación internacional, es uno de los temas que mayor demanda genera y que se hace necesario encaminarlo en toda su dimensión, para ello debemos considerar tres cuestiones claves a trabajar:

1.  Un primer aspecto es que los gremios deben considerar que no basta con saber hacer proyectos, sino saber con que aliados cuenta y que estrategia deben tener para lograr,  que quienes toman las decisiones de aprobar  proyectos,  apuesten por comprometerse a ejecutar.
2.  Un segundo aspecto esta relacionado al nivel de asociaciones de los gremios de PCD en el Perú, que es muy fragmentario y débil institucionalmente en la gran mayoría de casos; que se debe superar.
3. En relación a las entidades públicas, es necesario que estas tengan la capacidad de formular propuestas de políticas, programas y proyectos relacionadas a la discapacidad.

Cuando se revisa el nivel de acreditación en los registros de organizaciones sociales de las municipalidades del país, los gremios de PCD como tales no están  ni cercanamente al 1% en dichos registros, lo cual demuestra el nivel de invisibilidad no solo personal de las PCD sino también organizacional a nivel municipal.

Cuadro N° 1 Número de organizaciones sociales registradas en el RENAMU

Organizaciones sociales	Año
	2009
Clubes de Madres	16,769
Comité del Programa del Vaso de Leche	63,867
Comedor Popular	17,061
Wawa Wasi	8387
Club del Centro del Adulto Mayor	1623
Organizaciones juveniles	2355

El cuadro N° 1 nos muestra el grado de participación de los principales grupos sociales acreditados en el RENAMU y como éstos han ido, generando una suerte de “acumulación” de capital social que ha sido reconocido por diversos estudios realizados sobre el funcionamiento de estos grupos sociales.

Con la participación de estas organizaciones sociales registradas en el RENAMU en casi todos ellos encontramos un denominador común: La existencia de un programa social que los respalda a nivel local y provincial.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en toda la extensión del  artículo 28 insta a los gobiernos, a asegurar la plena participación de las PCD, en los distintos programas sociales existentes, que les permitan mejorar su calidad de vida; pero como siempre ha sido una constante reivindicativa habrá de ser el colectivo con discapacidad el llamado a ejercer la presión respectiva con propuestas para que toda la Convención se cumpla en su integridad.

Una primera acción, pasa por hacer que la temática de la discapacidad, sea un eje transversal en las políticas generales, sectoriales y los planes de desarrollo concertado local y provincial y demás políticas de fomento al desarrollo.

Si solo el colectivo “aparece” en el grupo de poblaciones vulnerables o pobreza o pobreza extrema o agrupada dentro del concepto de exclusión social, la temática de la discapacidad podría diluirse en estos conceptos amplios y por lo tanto  su enfoque y mecanismos de protección de sus derechos serían laxos e ineficaces. La discapacidad participa de la exclusión social, pero esto no debe servir para borrar su identidad como hecho social singularizado con entidad propia[1].

Por ello que la problemática de la discapacidad, debe ser asumida como una construcción de la ciudadanía, en el sentido de que es “capaz de descubrirse a sí mismo como parte de un colectivo que puede contribuir a construir una sociedad más justa, más inclusiva, más abierta a la integración social”

Esta ciudadanía, del que hablamos debe potenciar además, el movimiento social del colectivo con discapacidad, diferenciándolos en cuanto a su identidad y propuesta de los demás movimientos sociales existentes en el país, como son los sindicales, agrarios, comedores populares, etc., sin que parezca excluyente a las demás reivindicaciones de los otros grupos sociales.

Al interior del mismo colectivo con discapacidad se debe alentar también las interpretaciones críticas bio sicosociales y económicas de los distintos tipos de discapacidad, para que a su vez puedan formularse políticas públicas, precisas y acordes a la realidad del colectivo.

Si se analiza  el proceso histórico de los movimientos sociales en el Perú, estos tienen relación directa con los acontecimientos sociales, políticos y económicos que dieron pie a su formación. Por ejemplo en la década del setenta, del siglo pasado,  el debate político se centro en la equidad y la desigualdad, antes que la reducción de la pobreza, aunque estos estaban íntimamente ligados. Los movimientos sociales en boga fueron  los agrarios, sindical y barrial.  En la década de los 80 los movimientos de derechos humanos, feministas  y de mujeres marcaron la pauta de las movilizaciones sociales. Es en la década del 90 cuando se comienza a hablar de programas sociales de reducción de la pobreza y a principios del año 2000, cuando se promueve desde el Estado la participación ciudadana a través de el Presupuesto Participativo, los Consejos de Coordinación Local (CCL) y los Concejos de Coordinación Regional  (CCR).

En este contexto descrito si bien es cierto que ya existían organizaciones de personas con discapacidad, estos confluían en movilizaciones, pero aún no ha logrado consolidarse un movimiento social como tal que haya logrado un proceso de “acumulación de capital social” capaz de presentar una visión alterna de sociedad y desarrollo.

Las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional inscritas en el Registro Nacional del Consejo Nacional de Integración de la Personas con Discapacidad del Perú (CONADIS) desde el 2006 hasta el 2012, llegan a 142 versus los 1,623 del adulto mayor registradas en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), solo por citar un dato de comparación, lo cual nos indica el largo camino de “acumulación de capital social” que se habrá de recorrer para estar presentes en las agendas públicas locales, regionales y nacional.

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[1] El Cambio de Paradigma de las Políticas Públicas en Discapacidad/Luis Cayo Pérez-Director Ejecutivo del CERMI Estatal.