Asalto al Estado y el Mercado en el Perú

Por Juan Solórzano Arévalo

.-Luiz Carlos Bresser-Pereira, abogado, político y economista brasileño, escribió un artículo denominado El asalto al Estado y al mercado: neoliberalismo y teoría económica[1], en la cual señala que las políticas neoliberales aplicadas en las décadas de 80, 90 y principios del 2000, en gran parte de América Latina, fueron de tal magnitud, que muchos de sus defensores pontificaron al mercado, como el principio de toda las organizaciones e incluso del estado, y por lo tanto cualquier cambio u opinión en contrario era muy subversivo mencionarlo y atentatorio a la libertad de las personas.

El Perú, a fines de los 80, se encontraba en un proceso de degradación institucional a nivel de los distintos estamentos del estado, por lo que pocos actores políticos y de la sociedad civil, apostaban por fortalecer la figura del estado, como entidad que iba a resolver los graves problemas económicos, sociales y políticos del país. La crisis de la deuda externa, la hiperinflación, la parálisis productiva del país y la guerra interna desatada por los movimientos terroristas de sendero luminoso y el MRTA, fueron los elementos que condujeron a vislumbrar una suerte de estado fallido, en proceso de progresiva descomposición. En este contexto los promotores de las políticas neoliberales en el país, aceleraron unas campañas masivas a todo nivel, mostrando las bondades del libre mercado y la reducción de las funciones del estado a su mínima expresión, como los únicos mecanismos de solución a los graves problemas descritos líneas arriba. Este asalto del estado y el mercado, del que nos habla Bresser, venía siendo impulsado desde hacía varios años atrás, cuando a fines de la década de los setenta, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos y Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, pusieron en vigencia el modelo político neoliberal, mediante el cual se desregulaba el mercado, recortaba los derechos sindicales y se reducía el gasto público. Dicho sea de paso, la crisis política del modelo de desarrollo comunista y/o socialista, entraba en una  fase de agotamiento ideológico y de aplicación práctica en todo el mundo, que colaboró a la expansión de la ideología neoliberal. A principios de la década de los noventa, sobre todo en América Latina, se impuso con gran fuerza la corriente neoliberal, a través de las propuestas del Consenso de Washington, y que en el caso del Perú, se implementó con el gobierno del presidente Alberto Fujimori, quién había prometido durante la campaña presidencial la de no implementar estas políticas neoliberales, frente a su principal candidato opositor, Mario Vargas Llosa, que si creía en las políticas del libre mercado.

Fujimori, al comienzo de su gobierno comenzó a desmantelar el estado regulador, privatizar las empresas públicas, eliminar derechos sindicales, disminuir drásticamente el gasto público, y circunscribirla está a sectores básicos como son educación, salud, trabajo e infraestructura, aunque al principio dada la fuerte crisis económica del país, los recursos que se destinaban a estos sectores, fueron insuficientes.

Era evidente que estas reformas estructurales del estado peruano, eran necesarias, porque éste se había convertido en una carga pesada dado que el  “déficit económico de las empresas estatales equivalían a 5 por ciento del PBI, como consecuencia del mal manejo económico, el control de precios y el sobredimensionamiento burocrático[2]” sin embargo la debilidad institucional por la que pasaba el estado peruano en aquellos años, hizo que estas reformas estructurales tuvieran cierta eficacia en algunos sectores, como los relacionados a los servicios financieros y tributarios y en otros como los de salud y educación, los procesos de cambio fuesen más lentos y muy complejos, por citar algunos casos. Esta primera etapa de reforma, lo impulso el gobierno de Fujimori, inicialmente a través de su Programa de estabilización económica, bajo la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas  y luego el Programa de modernización del estado, en una segunda etapa lo promovió a través de la Presidencia del consejo de ministros (PCM), quedando en manos del Congreso de la República, a partir de 1996. Como afirma Cortázar (2002) "De manera global, puede señalarse que el proceso de elaboración de políticas de gestión pública ocurrido condujo solamente a cambios limitados, resultado fundamentalmente de la estrategia de enclave[3]".

A inicios del año 2000, la relación estado y mercado en el país, tuvo diversos matices o énfasis, por un lado se hizo más evidente que el estado no podía ser solo un ente regulador de la economía, sino que además entre otras cosas tenía que ser para algunos proveedor de servicios sociales con mayor cobertura y focalizados, y para otros debería universalizar los servicios sociales;  pero en ningún caso el modelo económico neoliberal, en los gobiernos posteriores a Fujimori, se alteró sustancialmente, planteándose fuertemente por diversos actores sociales en las agendas sociales y políticas las cuestiones de redistribución y la desigualdad social, que involucraban a la gran mayoría de la población peruana, que hasta el año el año 2007, se situaba alrededor del 42.4%, según el Instituto Nacional de Estadísticas del Perú-INEI.

Actualmente la misma entidad, para el año 2014, “reportó que la pobreza se redujo en el Perú a 22.7% en el 2014, desde un nivel previo de 23.9% en el 2013, lo que implica que cerca de más de 289,000 peruanos abandonaron esa situación el año pasado[4]”.

En este contexto de cifras sobre la pobreza conviene preguntarse ¿si acaso esta reducción de la pobreza, se hubiese logrado solo con la acción del mercado o el crecimiento económico? o en su defecto  fueron la complementariedad del estado y su política social, lo que ayudó a cerrar estas brechas sociales y económicos, me inclino por lo segundo porque en la actuación del estado no solo prima la lógica económica, sino también la política, entendida como el ejercicio de una ciudadanía con derechos y deberes, en busca del bien común, que tiene sus intereses contradictorios, pero que es capaz tarde o temprano de buscar consenso en torno a un contrato social, como siempre ha sucedido.

La aplicación de políticas neoliberales en América Latina y sobre todo en el Perú, evidenció niveles de  desigualdad social y económica entre distintos sectores de la población peruana. Solo cuando a las políticas de crecimiento económico, se le complemento con políticas sociales de atención especialmente a los grupos vulnerables, es que la desigualdad en el país disminuyo paulatinamente. Según Yamada, Castro[5] (2012), “entre 1,997 y 2010, el ingreso familiar real  per cápita creció en 33%, mientras que el consumo ingreso familia real per cápita  lo hizo en 14%”

Para algunos es criticable que “85 personas más acaudaladas del mundo concentran en sus cuentas bancarias la misma riqueza que 3.500 millones de seres humanos pobres[6]”, para otros como el diario El Comercio, el tema no es la concentración de la riqueza[7], ni la desigualdad,  es simplemente la pobreza y para combatir su reducción esta será posible solo con libertades económicas y elevando la productividad de las personas y las empresas (enfoque monetario de la pobreza) señalando que puntualizar estos niveles de desigualdad, atenta contra la cultura del emprendimiento, la innovación y el éxito, olvidando que muchas de las riquezas de los grandes millonarios de América Latina, se produjeron al amparo de las licitaciones, contratos arreglados con el estado, condonación de tributos o fijación de precios; un estado que podría catalogarse como depredador, tal como lo señala  Vanessa Kaiser[8] "se observa la presencia de un Estado despótico, una mentalidad extractiva y una concentración económica que no permite movilidad social, la situación de los países latinoamericanos dista mucho de acercarse al modelo de mercado neoliberal occidental".
Además es bien complicado establecer que por ejemplo en el caso del Perú muchas de las obras públicas chicas, medianas o grandes ejecutadas en los últimos 20 años éstas no haya estado exentas de corrupción, el caso Odebrecht es uno muy emblemático; para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Perú cada año pierde 3,600 millones de dólares en concepto de soborno a autoridades.[9]
El diario   menciona que si bien la actuación del estado es esencialmente política y a veces arbitrarias,  tal como lo señala Bresser  “A través del Estado, las sociedades vienen buscando regular y moldear el capitalismo en función de sus valores y sus objetivos políticos”,  también es importante indicar  que el mercado como tal es ciega a los valores políticos, como lo indica el mismo autor.

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[1] Luiz Carlos Bresser-Pereira, (2009). El asalto al Estado y al mercado: neoliberalismo y teoría económica. revista Nueva Sociedad No 221, Mayo.

[2] Rosendo Paliza. Impacto de las Privatizaciones en el Perú. 2015, de Departamento de Empresas Públicas, BCR Sitio web: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/04/Estudios-Economicos-4-1.pdf

[3] Juan Carlos Cortázar Velarde. (2002). Oportunidades y limitaciones para la reforma del estado en el Perú de los  años 90. Lima, Perú: CIES.

[4] Sección Economía. (2015). INEI: Pobreza en el Perú disminuyó solo 1,2 puntos porcentuales en 2014. Perú21

[5] Gustavo Yamada, Juan F. Castro y José L. Bacigalupo. (2012). Desigualdad monetaria en un contexto de rápido crecimiento económico: El caso reciente del Perú. CIES

[6] Martín Ramos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Diario El Comercio.

[7] Editorial: Pobres, pero iguales (2015). Diario El Comercio 

[8]Vanessa kaiser. (2010). El Neomercantilismo como  modelo de mercado  en Latinoamérica. Revista  Pléyade, N° 05.
[9]http://gestion.pe/politica/investigaciones-corrupcion-peru-se-disparan-ultimos-anos-segun-defensoria-2189483.