Por Juan Solórzano Arévalo
.-Luiz
Carlos Bresser-Pereira, abogado, político y economista brasileño, escribió un
artículo denominado El asalto al Estado y al mercado: neoliberalismo y teoría
económica[1], en la cual señala que las
políticas neoliberales aplicadas en las décadas de 80, 90 y principios del
2000, en gran parte de América Latina, fueron de tal magnitud, que muchos de
sus defensores pontificaron al mercado, como el principio de toda las
organizaciones e incluso del estado, y por lo tanto cualquier cambio u opinión
en contrario era muy subversivo mencionarlo y atentatorio a la libertad de las
personas.
El
Perú, a fines de los 80, se encontraba en un proceso de degradación
institucional a nivel de los distintos estamentos del estado, por lo que pocos
actores políticos y de la sociedad civil, apostaban por fortalecer la figura
del estado, como entidad que iba a resolver los graves problemas económicos,
sociales y políticos del país. La crisis de la deuda externa, la
hiperinflación, la parálisis productiva del país y la guerra interna desatada
por los movimientos terroristas de sendero luminoso y el MRTA, fueron los
elementos que condujeron a vislumbrar una suerte de estado fallido, en proceso
de progresiva descomposición. En este contexto los promotores de las políticas
neoliberales en el país, aceleraron unas campañas masivas a todo nivel,
mostrando las bondades del libre mercado y la reducción de las funciones del
estado a su mínima expresión, como los únicos mecanismos de solución a los
graves problemas descritos líneas arriba. Este asalto del estado y el mercado,
del que nos habla Bresser, venía siendo impulsado desde hacía varios años
atrás, cuando a fines de la década de los setenta, Ronald Reagan, presidente de
los Estados Unidos y Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, pusieron
en vigencia el modelo político neoliberal, mediante el cual se desregulaba el
mercado, recortaba los derechos sindicales y se reducía el gasto público. Dicho
sea de paso, la crisis política del modelo de desarrollo comunista y/o
socialista, entraba en una fase de
agotamiento ideológico y de aplicación práctica en todo el mundo, que colaboró
a la expansión de la ideología neoliberal. A principios de la década de los
noventa, sobre todo en América Latina, se impuso con gran fuerza la corriente
neoliberal, a través de las propuestas del Consenso de Washington, y que en el
caso del Perú, se implementó con el gobierno del presidente Alberto Fujimori,
quién había prometido durante la campaña presidencial la de no implementar
estas políticas neoliberales, frente a su principal candidato opositor, Mario
Vargas Llosa, que si creía en las políticas del libre mercado.
Fujimori, al comienzo de su
gobierno comenzó a desmantelar el estado regulador, privatizar las empresas
públicas, eliminar derechos sindicales, disminuir drásticamente el gasto
público, y circunscribirla está a sectores básicos como son educación, salud,
trabajo e infraestructura, aunque al principio dada la fuerte crisis económica
del país, los recursos que se destinaban a estos sectores, fueron
insuficientes.
Era
evidente que estas reformas estructurales del estado peruano, eran necesarias,
porque éste se había convertido en una carga pesada dado que el “déficit económico de las empresas
estatales equivalían a 5 por ciento del PBI, como consecuencia del mal manejo
económico, el control de precios y el sobredimensionamiento burocrático[2]”
sin embargo la debilidad institucional por la que pasaba el estado peruano
en aquellos años, hizo que estas reformas estructurales tuvieran cierta
eficacia en algunos sectores, como los relacionados a los servicios financieros
y tributarios y en otros como los de salud y educación, los procesos de cambio
fuesen más lentos y muy complejos, por citar algunos casos. Esta primera etapa
de reforma, lo impulso el gobierno de Fujimori, inicialmente a través de su
Programa de estabilización económica, bajo la dirección del Ministerio de
Economía y Finanzas y luego el Programa
de modernización del estado, en una segunda etapa lo promovió a través de la
Presidencia del consejo de ministros (PCM), quedando en manos del Congreso de
la República, a partir de 1996. Como afirma Cortázar (2002) "De manera
global, puede señalarse que el proceso de elaboración de políticas de gestión
pública ocurrido condujo solamente a cambios limitados, resultado
fundamentalmente de la estrategia de enclave[3]".
A
inicios del año 2000, la relación estado y mercado en el país, tuvo diversos
matices o énfasis, por un lado se hizo más evidente que el estado no podía ser
solo un ente regulador de la economía, sino que además entre otras cosas tenía
que ser para algunos proveedor de servicios sociales con mayor cobertura y focalizados,
y para otros debería universalizar los servicios sociales; pero en ningún caso el modelo económico
neoliberal, en los gobiernos posteriores a Fujimori, se alteró sustancialmente,
planteándose fuertemente por diversos actores sociales en las agendas sociales
y políticas las cuestiones de redistribución y la desigualdad social, que
involucraban a la gran mayoría de la población peruana, que hasta el año el año
2007, se situaba alrededor del 42.4%, según el Instituto Nacional de
Estadísticas del Perú-INEI.
Actualmente
la misma entidad, para el año 2014, “reportó
que la pobreza se redujo en el Perú a 22.7% en el 2014, desde un nivel previo
de 23.9% en el 2013, lo que implica que cerca de más de 289,000 peruanos
abandonaron esa situación el año pasado[4]”.
En este contexto de cifras
sobre la pobreza conviene preguntarse ¿si acaso esta reducción de la pobreza,
se hubiese logrado solo con la acción del mercado o el crecimiento económico? o
en su defecto fueron la
complementariedad del estado y su política social, lo que ayudó a cerrar estas
brechas sociales y económicos, me inclino por lo segundo porque en la actuación
del estado no solo prima la lógica económica, sino también la política,
entendida como el ejercicio de una ciudadanía con derechos y deberes, en busca
del bien común, que tiene sus intereses contradictorios, pero que es capaz
tarde o temprano de buscar consenso en torno a un contrato social, como siempre
ha sucedido.
La aplicación de políticas
neoliberales en América Latina y sobre todo en el Perú, evidenció niveles de desigualdad social y económica entre distintos
sectores de la población peruana. Solo cuando a las políticas de crecimiento
económico, se le complemento con políticas sociales de atención especialmente a
los grupos vulnerables, es que la desigualdad en el país disminuyo
paulatinamente. Según Yamada, Castro[5] (2012), “entre 1,997 y 2010, el ingreso familiar
real per cápita creció en 33%, mientras
que el consumo ingreso familia real per cápita
lo hizo en 14%”
Para algunos es criticable
que “85 personas más acaudaladas del
mundo concentran en sus cuentas bancarias la misma riqueza que 3.500 millones
de seres humanos pobres[6]”,
para otros como el diario El Comercio, el tema no es la concentración de la
riqueza[7], ni la desigualdad, es simplemente la pobreza y para combatir su
reducción esta será posible solo con libertades económicas y elevando la
productividad de las personas y las empresas (enfoque monetario de la pobreza) señalando que puntualizar estos
niveles de desigualdad, atenta contra la cultura del emprendimiento, la
innovación y el éxito, olvidando que muchas de las riquezas de los grandes millonarios de América Latina, se produjeron al amparo de las licitaciones, contratos arreglados con el estado, condonación de tributos o fijación de precios; un estado que podría catalogarse como depredador, tal como lo señala Vanessa Kaiser[8] "se observa la presencia de un Estado despótico, una mentalidad extractiva y una concentración económica que no permite movilidad social, la situación de los países latinoamericanos dista mucho de acercarse al modelo de mercado neoliberal occidental".
Además es bien complicado establecer que por ejemplo en el caso del Perú muchas de las obras públicas chicas, medianas o grandes ejecutadas en los últimos 20 años éstas no haya estado exentas de corrupción, el caso Odebrecht es uno muy emblemático; para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Perú cada año pierde 3,600 millones de dólares en concepto de soborno a autoridades.[9]
El diario menciona que si bien la actuación del estado es esencialmente política y a veces arbitrarias, tal como lo señala Bresser “A través del Estado, las sociedades vienen buscando regular y moldear el capitalismo en función de sus valores y sus objetivos políticos”, también es importante indicar que el mercado como tal es ciega a los valores políticos, como lo indica el mismo autor.
Además es bien complicado establecer que por ejemplo en el caso del Perú muchas de las obras públicas chicas, medianas o grandes ejecutadas en los últimos 20 años éstas no haya estado exentas de corrupción, el caso Odebrecht es uno muy emblemático; para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Perú cada año pierde 3,600 millones de dólares en concepto de soborno a autoridades.[9]
El diario menciona que si bien la actuación del estado es esencialmente política y a veces arbitrarias, tal como lo señala Bresser “A través del Estado, las sociedades vienen buscando regular y moldear el capitalismo en función de sus valores y sus objetivos políticos”, también es importante indicar que el mercado como tal es ciega a los valores políticos, como lo indica el mismo autor.
[1] Luiz
Carlos Bresser-Pereira, (2009). El asalto al Estado y al mercado: neoliberalismo
y teoría económica. revista Nueva Sociedad No 221, Mayo.
[2] Rosendo
Paliza. Impacto de las Privatizaciones en el Perú. 2015, de Departamento de
Empresas Públicas, BCR Sitio web:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/04/Estudios-Economicos-4-1.pdf
[3]
Juan Carlos Cortázar Velarde. (2002). Oportunidades y limitaciones para la reforma del estado en el Perú de los años 90. Lima, Perú: CIES.
[4] Sección
Economía. (2015). INEI: Pobreza en el Perú disminuyó solo 1,2 puntos porcentuales
en 2014. Perú21
[5] Gustavo
Yamada, Juan F. Castro y José L. Bacigalupo. (2012). Desigualdad monetaria en
un contexto de rápido crecimiento económico: El caso reciente del
Perú. CIES
[6] Martín
Ramos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat), Diario El Comercio.
[7] Editorial:
Pobres, pero iguales (2015). Diario El Comercio
[8]Vanessa kaiser. (2010). El Neomercantilismo como modelo de mercado en Latinoamérica. Revista Pléyade, N° 05.
[9]http://gestion.pe/politica/investigaciones-corrupcion-peru-se-disparan-ultimos-anos-segun-defensoria-2189483.
[9]http://gestion.pe/politica/investigaciones-corrupcion-peru-se-disparan-ultimos-anos-segun-defensoria-2189483.
