Desarrollo minero en el Perú

Contexto

.-Los estados Latinoamericanos sean estos progresistas o neo liberales en las últimas décadas han avanzado en la reducción de la pobreza teniendo como base una economía eminentemente extractivista, en un contexto donde las materias primas tuvieron unas altas cotizaciones sobre todo por la demanda de algunos países asiáticos, principalmente de China. Sin embargo el proceso de desarrollo industrial ha sido  y es una “promesa” aún para muchos países latinoamericanos, mientras que para otros ésta ya llego y solo es cuestión de años o tal vez algunas décadas para equiparar el desarrollo a de algunos países europeos occidentales. El proceso de industrialización vía sustitución de importaciones (1930-1990) que se inició en América Latina trato de superar el extractivismo de las materias primas a través de potenciar sectores de industria ligera, pero no hubo una articulación productiva hacia otros sectores principalmente a la de servicios y agrario. “El potencial de integración intersectorial se desaprovechó durante décadas. Incluso en países con gran potencial agrario como Argentina, el dinamismo de la industria de maquinaria agrícola y de alimentos siguió siendo bajo (Esser, 1993)”

En paralelo a este proceso de industrialización la minería en América latina tuvo siempre un desarrollo de enclave hacia afuera, porque la explotación y producción se circunscribía a determinados territorios dentro de cada país y todo se exportaba como material bruto a los países desarrollados, especialmente de Estados Unidos, Europa y Asía. En la mayoría de los casos las empresas de explotación minera eran y son extranjeras multinacionales de grandes dimensiones que se asocian a empresas nacionales para intervenir extractivamente en un país. En este contexto se puede afirmar entonces que América Latina y el Caribe a nivel minero siempre estuvo globalizada porque “en la minería existe una sola posibilidad de estandarización (metales de productores reconocidos internacionalmente) por lo que es rígida  y no flexible como en las manufacturas. Además, es accesible y por tanto, no existen barreras de acceso (patentes por ejemplo) como en los productos manufacturados (Fernando Sanchez Albavera & Larde, 2006)”

Una de las grandes demandas que se hacía y aún se hace a esta minería globalizada es que trate de establecer procesos de encadenamiento productivo nacional de valor agregado (refinación) en los países donde se desarrollan. En el caso del Perú este anhelo de industrialización de los metales ha sido casi nulo a diferencia de otras experiencias como el desarrollo de tecnologías de ventilación en “las minas de Sudáfrica que  ha permitido aplicar avances en la industria de la vivienda o el conocimiento acumulado por la industria minera en el Brasil ha sentado bases para la producción de etanol y sustenta toda una industria del transporte basada en este combustible. Ambos casos son ejemplos de diversificación económica como resultado de añadir valor a las actividades basadas en recursos naturales (Manuel Glave & Kuramoto, 2007)”

        A pesar de que la minería peruana no tiene un gran impacto tecnológico de conocimientos acumulados,  el aporte de la misma a las exportaciones peruanas fue importante, según el cuadro N° 01 Sobre  exportaciones de  principales productos mineros 2005-2014, dado que desde el año 2005 hasta el año 2014, esta creció desde 9,789.9 millones de dólares hasta llegar a 20,545.4 millones de dólares, lo cual indica que tuvo una contribución importante a la economía del país, sobre todo en términos de pago por impuesto a la renta de las empresas mineras, tal como nos señala  el cuadro N° 02, sobre Transferencias de Canon Minero 1996-2016, al precisar montos de dinero crecientes importantes para los gobiernos  a pesar de sus subidas y bajadas.

Cuadro N° 01

Tomado del Reporte Estadístico Minero Energético 2014-SNMPE

Cuadro N° 02

Tomado del Reporte Canon Minero 2016-SNMPE

      

Según este cuadro entre los años 1997 al 2016 se transfirieron a los Gobiernos Subnacionales, Universidades e Institutos Nacionales, alrededor de S/ 40,048 millones de soles para ser invertidos en diversos proyectos de inversión pública.

Otro dato interesante del  desarrollo minero es que si bien esta actividad no empleos directos, según el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2014 la actividad minera generó 1’758,249 empleos indirectos y que son 5’860,830 personas las que dependen de trabajadores que tuvieron un empleo directo o indirecto en la minería de dicho año (Saba, 2016). 

        Ricardo Haussman, investigador de la Universidad de Harvard, en la presentación de la Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 2014, tituló su ponencia “Perú despues de la bonanza minera: ¿Cómo crecer?, y hacía mención que el Perú durante los últimos 20 años había crecido bien ayudado por el aumento de las rentas de las materias primas sobre todo mineras y que en los últimos años las exportaciones habían dejado de crecer por lo que era necesario revisar cuan de diversificado estaba el país, para impulsar un relanzamiento agresivo de las exportaciones sobre todo no tradicionales. A través del cuadro N° 03 sobre exportaciones  de Perú, compara como países como Chile, Malasia, Canada y Noruega que si bien tienen también recursos naturales,  a nivel per cápita exportan más que el Perú, haciendo la salvedad de que también en otros bienes y servicios estos mismos países exportan mucho más aún, concluyendo que frente a este contexto el país tiene un techo aún grande por crecer tanto en exportación de recursos naturales como en otros bienes y servicios.

Cuadro N° 03

El cuadro N° 04 sobre diversificación y sofisticación productiva, nos indica que en el año 2008 el Perú exhibía una escasa capacidad de diversificación y sofisticación de su economía o aparato productivo, situándolo en el puesto 89 de 128 países y si bien tenemos mayor diversidad de productos que Colombia por ejemplo tal como se aprecia en el cuadro N° 04, estamos lejos de diversificar mejor  nuestra canasta exportadora basada mayormente en recursos naturales.

Cuadro N° 04

Cuadro N° 05

Diversificación productiva de Colombia en %

            Fuente: Ponencia Capital Humano y Política de Desarrollo Productivo- 2014. Daniel Gómez González

Competitividad pendiente

.-Asumiendo que el Perú es un país minero por excelencia y lo seguirá siendo por muchas décadas más podemos decir que la industrialización pendiente no solo debe partir de impulsar la fundición y refinación de los minerales aún más de las industrias existentes (fundición y refinería de cobre de Ilo  y la planta de zinc de Cajamarquilla) sino que se debe precisar en qué parte de la cadena productiva de la industria minera se tiene un encadenamiento productivo ya desarrollada en el país para a partir de ahí potenciar una parte de la industrialización del país. Mario Cedrón señala lo siguiente:

“A la sombra de las políticas de sustitución de importaciones promovidas por la Cepal e implementadas en la década del 70, surgieron en el Perú industrias afines al sector minero en el campo de los explosivos, reactivos químicos, metal mecánica y algunas ensambladoras de equipos que han logrado sobrevivir a la competencia extranjera. Algunas otras industrias afines de reciente creación como fábricas de ventiladores mineros, locomotoras, jumbos de perforación de roca, implementos de seguridad minera, etc. buscan consolidarse. Pero nivel de tecnología promedio que requieren las multinacionales que llegan en los 90 está muy por encima de las capacidades locales (Cedron, 2012)”

        Pretender en las actuales circunstancias que el país en algún momento logré satisfacer todos los requerimientos tecnológicos de la cadena productiva minera sería una ilusión dada las carencias de capacidades tecnológicas e institucionales con que contamos, más aún la discusión sobre cómo debe encararse la industrialización está en debate porque se afirma que las empresas transnacionales están apostando por lo que se denomina las Cadenas Globales de Valor (CGV) la misma que consiste en que los costos de movilidad de bienes, de ideas y de personas son repartidos entre distintos proveedores ubicados en distintos países, de tal forma lo que se busca es que el producto final por cuestiones de especialización  sus partes o componentes sean construidos en distintos países. Al respecto  de esta CGV, Haussman en su presentación en CADE pone como ejemplo la fabricación de un avión Boeing que en la fabricación de sus partes participan múltiples empresas de Estados Unidos, Canada, Japón, Australia y de Europa.

La minería peruana tiene una configuración de Clusters, que según Michael Porter, lo define como un “conjunto de empresas que operan a través de redes en torno a una actividad productiva base de desarrollo, concentradas geográfica y/o sectorialmente por concordancias y complementariedades en torno al sector base o productivo”  en el cuadro N° 05 sobre Flujos y       Redes de Cluster Minero Nacional (Lovera, 2009) se puede apreciar que están presentes los tres tipos de encadenamiento en la minería pero algunas están más desarrolladas que otras y  el encadenamientos hacia atrás es la que más se podría potenciar a través de la transferencia tecnológica o desarrollo de conocimientos por etapas, “El punto es que cuando los automóviles de Honda importan componentes de Tailandia, están importando tecnología Honda, prácticas administrativas de Honda, prácticas de inventarios de Honda y otros tipos de conocimientos, servicios, capital financiero y mano de obra (Baldwin, 2016)”

Cuadro N° 06

 No existen muchos países mineros como el Perú en las cuales se aplica un cierto tipo de tecnología minera sea esta importada y avanzada o de baja o mediana tecnificación hecha en el Perú, por lo tanto lo que se pudiera desarrollar vía conocimientos por etapas en el país, podría eventualmente servir para otros países mineros existentes en el mundo.

Los impactos medio ambientales de la minería

.-Los proyectos mineros ejecutados en distintos periodos en el país siempre han tenido diversos impactos medioambientales en sus zonas de influencia directa e indirecta a pesar de que en los últimos años desde el Estado Peruano se ha avanzado mucho en cuanto a regulaciones y supervisiones de cumplimiento de estándares internacionales medioambientales.

A diferencia de los consumidores, inversionistas y diversos sectores de la sociedad civil de los países desarrollados, donde se cuestiona que  la producción minera y los productos derivados de ella, cumplan con los estándares internacionales, en países como el Perú los consumidores y la sociedad en general aún no han llegado a niveles de cuestionamiento de ciertos productos elaborados, pero sí la población directa o indirectamente influenciada por el proyecto han generado niveles de conflictos sociales que han logrado en muchos casos paralizar el funcionamiento del proyecto minero.

A nivel del ordenamiento legal y tributario la industria minera peruana es muy competitiva internacionalmente, pero lo que preocupa a es la cantidad de conflictos que se han incrementado producto de que también ha habido mayores proyectos mineros en ejecución en el país. Para Javier Ávila, decano del Colegio de Antropólogos del Perú “En el año 2004 teníamos apenas 5 conflictos socio ambientales, mientras que en el año 2009 ya existían 144; y que actualmente nos mantenemos estables en una cifra estructural, entre los 120 y los 140 conflictos de este tipo”. “Hay una correlación directa entre el incremento de los proyectos de inversión en minería y el incremento de los conflictos (Avila, 2015)” señalando además que en muchos de estos proyectos de inversión hay un desconocimiento del entorno social “No conocen cuál es la real situación del entorno. No hay mapas de actores actualizados, ni información sobre cuáles son los grupos del entorno, ni de cuáles son los potenciales vectores de conflictividad en el entorno”.

El cuadro N° 06 sobre Conflictos sociales según tipo Setiembre 2016, nos muestra que de los 10 tipos de conflictos sociales que  se ha identificado (Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2016), el 66.8% corresponden a cuestiones socio ambientales, seguido por asuntos de gobierno local con 10.3%

Cuadro N° 06 Conflictos Sociales según tipo a Setiembre del 2016

Si hacemos un desagregado según actividad de estos conflictos, encontraremos que la minería con el 63.6% representa el sector que más problemas tiene, seguido el sector hidrocarburos con el 16.1%, según el cuadro N° 07 sobre Conflictos Socio ambientales, según actividad, Septiembre 2015.

                              

 Cuadro N° 07  Conflictos Socio ambientales, según actividad, Septiembre 2015

Estado y Normas medioambientales

.-Está claro que promover una política pública que favorezca el desarrollo de la minería y  resolver los conflictos medio ambientales exige principalmente en que se cuente con un Estado capaz de promover el dialogo, articular las acciones de sus diversos estamentos tanto nacionales como subnacionales y hacer respetar a nivel judicial el cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema.

Las competencias reguladoras y promotoras de la minería están establecidas en diversas normas como son la Ley General de Minería,  Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, Ley del Catastro Minero Nacional, Ley de Tierras, entre las principales normas. Según el monto de inversión de un proyecto minero, se ha establecido una serie de competencias administrativas entre el gobierno nacional y sub nacionales, tal como se aprecia en el cuadro N° 08

Cuadro N° 08

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

A nivel operativo del Ministerio de Energía y Minas se puede decir que hay un nivel de competencia adecuado para promover la política minera en el país, pero a nivel de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, que dependen de los gobiernos regionales, el Ministerio según Resolución Ministerial N° 062-2016 MEM/DM ha identificado una serie de carencias institucionales de gestión  que no ha permitido promover inversiones en energía, hidrocarburos y minería en las regiones e inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos regionales, de allí que los países como el Perú que incorporaron diversos mecanismos de regulaciones surgidos de diversos organismos internacionales, aún no logran implementar adecuadamente estas políticas fiscalizadoras y sancionadoras sobre la normativa medio ambiental.

Regulación ambiental y competitividad

.-Existe una discusión sobre que a mayor regulación se produce un desincentivo a la inversión privada y por otro lado los que están a favor de la regulación indican que en el mediano y largo plazo generan mayores beneficios a la sociedad y a la empresa en el cumplimiento de estrictas normas medio ambientales porque evitaría subsanar o cubrir externalidades negativas por parte del Estado, la sociedad y la empresa en caso de que se produzcan daños medioambientales irreparables o de larga resolución del problema.

En este contexto grandes corporaciones mineras del mundo han comenzado a incorporar como políticas institucionales los procesos de debido cumplimiento en materia ambiental y social que además ha venido complementándose con otros protocolos de cuidado medioambiental desarrollados por organismos internacionales como el Banco Mundial, el código voluntario elaborado por organismos financieros, la Iniciativa Global de Informes desarrollado por el Centro Oficial de Colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), etc., el Estado Peruano ha incorporado muchas de estas políticas de debido cumplimiento, pero sigue teniendo una debilidad institucional en muchos niveles de gobierno para hacerla cumplir. Sin embargo la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas ha venido paulatinamente ejerciendo una labor fiscalizadora mucho más efectiva.

Los costes de adopción y de no adopción de las políticas ambientales

.-Implementar políticas ambientales que buscan salvaguardar el medio ambiente en el marco de las inversiones en minería e hidrocarburos implica una serie de costos por parte del Estado y de las empresas privadas, pero no disponer de ellas significa que se podría incurrir en mayores costes que podrían generar en el mediano y largo plazo un deterioro medio ambiental, social y económico que generaría conflictos sociales altamente reactivos.

Costos de adopción

.-Para el Estado los costos de adopción se refieren  a costos de diseño de las políticas, costos de aplicación y costos de control, en lo que se refiere a las empresas sus costos se refieren a costes de capital, costos operativos y costos indirectos.

Costos de no adopción

.-Esta referido a deterioros medio ambiental, bajo nivel de desarrollo social y económico de las poblaciones afectadas y del país, el cuadro N° 09 sobre los Pasivos Ambientales no ilustra que a pesar de que en el país existe una normatividad que protege el cuidado del medio ambiente, sin embargo a pesar de ella hay externalidades negativas que no han podido ser evitadas trayendo graves consecuencias a la población y su medio ambiente.

Cuadro N° 09

Conclusiones:

·        La minería en el Perú seguirá siendo una actividad económica importante por muchas décadas más y posiblemente seguirá generando más del 50% de los ingresos de las exportaciones.

·         Los conflictos sociales que ha generado la minería son muy diversos y que van desde problemas con los recursos hídricos, incumplimientos de acuerdos, mayores compromisos sociales, etc. y conflictos  estos están concentrados en la zona andina.

·     La industrialización de la minería no se ha producido en el país a pesar de que ha habido intentos desde el empresariado local por generar producción en herramientas, equipos y accesorios. La industria de la refinación y fundición no ha tenido gran desarrollo y no existe un gran mercado regional que demande productos de este tipo de industria, razón por la cual casi siempre las exportaciones mineras han estado dirigidas a los países desarrollados.

·       Existen muchos pasivos ambientales que muchas empresas mineras lamentablemente no asumieron en tratar de remediarlas y es el gobierno nacional a través de diversas instancias y financiamiento público  (Programa presupuestal:  Remediación de Pasivos Ambientales Mineros)

Propuestas:

.-La minería en el país para seguir contribuyendo adecuadamente con el desarrollo del país y despues de haber analizado brevemente algunas aristas de la problemática del sector, tiene que seguir profundizando varios temas por lo que a partir de algunas propuestas ya existentes (Pajares, Loret de Mola, & López, 2013) se plantea con algunas observaciones lo siguiente:

• Profundizar los estándares internacionales –en materia ambiental y social–para las inversiones extractivas, tales como los «procesos de Due Diligence» (debido cumplimiento), algunas especialistas opinan que el país tiene medidas de protección medio ambiental mucho más exigentes que otros países desarrollados, por lo que sugieren flexibilizar la normatividad al respecto.
• Trabajar adecuadamente la «licencia social» para las operaciones mineras como un catalizador de la gobernabilidad de las inversiones extractivas, la confianza, credibilidad y cumplimiento de compromisos tripartitos entre el estado, las empresas y la población organizada es clave para avanzar en el mantenimiento de la licencia social.
• Fortalecer el sistema de evaluación y fiscalización ambiental
• Implementar un mecanismo de supervisión ética de las inversiones, asociado a un ombudsman, para las actividades extractivas (minería).
• Sobre el arbitraje de inversiones y medio ambiente esta tiene actualmente mucha valorización sobre todo por las grandes empresas multinacionales, dado que entre otras cosas el sistema judicial peruano es visto como limitado y engorroso en la solución de los juicios, sin embargo hay jurisprudencia nacional sobre resolución de conflictos mineros que van generándose y que contribuyen a mejorar la confianza en el poder judicial peruano.

Referencias bibliográficas:

Avila, J. (04 de Agosto de 2015). www.ulima.edu.pe. Recuperado el 19 de Diciembre de 2016, de www.ulima.edu.pe: http://www.ulima.edu.pe/pregrado/derecho/noticias/cuatro-miradas-de-especialistas-sobre-los-conflictos-mineros

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Cedron, M. (8 de Junio de 2012). La Innovación tecnológica en la mineria peruana. Lima, Lima, Perú.

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Esser, K. (1993). América Latina: Industrialización sin visión. 125, 27 - 46.

Fernando Sanchez Albavera, & Larde, J. (2006). Minería y Competitividad en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL.

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Manuel Glave, & Kuramoto, J. (2007). La Minería Peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber. Lima, Lima, Perú.

Pajares, E., Loret de Mola, C., & López, L. (2013). Extractivismo, ambiente y competitividad en América Latina, Aproximaciones desde la política y el derechos ambiental. En DESCO, Perú Hoy, Susurros desde Babel (págs. 129-134). Lima: DESCO.

Saba, D. (2016). Estrategia de Sectores Extractivos Minería e Hidrocarburos. En C. CATÓLICA, Estrategias para el desarrollo económico y social del Perú (pág. 89). Lima: CENTRUM Publishing.

Discapacidad y gerencia social

Por Econ Juan Solórzano Arévalo

Contexto general

.-El movimiento social de las personas con discapacidad (PCD) en el mundo, ha tenido un proceso evolutivo que ha ido visibilizándose paulatinamente a partir de que se comienza a discutir la situación médica y socio económico de estas personas en Europa y Estados Unidos. Con el nacimiento de la sociología moderna en el siglo XVIII, se establece que las PCD además de recibir limosnas o estar confinados en reclusorios para enfermos, deberían estar capacitadas para el trabajo (Gómez, 2001) Es a partir de la aparición de los derechos de los trabajadores en el siglo XIX y XX, cuando se constituyen talleres protegidos por el Estado para las PCD y las técnicas en ortopedia y rehabilitación permiten una mayor integración laboral y social de este grupo social. A partir de este contexto en los países desarrollados, el concepto de rehabilitación (enfoque médico) no solo implica un esfuerzo de mejora en la salud física, psicológica y educativa, sino que conlleva a que el Estado recibe un retorno de su inversión en la rehabilitación, una vez que la PCD se ha integrado al trabajo y paga sus impuestos sean estos directos o indirectos   (Gómez, 2001). En contraposición esta  concepción de tratamiento a las PCD en América Latina, es sustancialmente limitada porque algunos Estados, tienen limitaciones institucionales, de recursos humanos, económicas y de adecuadas políticas públicas que hace que sus intervenciones se circunscriban a acciones  preventivas básicas como son campañas de vacunación, nutrición y acceso físico urbanístico y arquitectónico, “que los conduce a relegar en las redes informales de la familia y la comunidad, muchas de sus responsabilidades, sin realizar inversiones técnicas sustanciales” (Alva, 2011) Otros países de la Región de situación intermedia han hecho esfuerzos adicionales  a las acciones preventivas básicas, como lo señala Alva, pero que aún sus esfuerzos son insuficientes para cubrir todas las demandas de las PCD.

Desde hace un buen tiempo, las entidades públicas en Perú, encargadas de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad, vienen realizando diversas acciones, como promover políticas, planes, programas y proyectos.  Sin embargo uno de los grandes déficits para la toma de decisiones de políticas públicas relacionadas al colectivo con discapacidad, son la falta de estadística precisa sobre ellos y el desconocimiento sobre la discapacidad que gran parte de los funcionarios públicos relacionados a la discapacidad directa o indirectamente, más aún si se precisa que muchas de las intervenciones de las  políticas públicas, tuvieron un sesgo orientado a identificar y atender la problemática de la deficiencia, sin considerar factores sociales, culturales y económicos, que influyen a la calidad de vida de las PCD.

Nicholas Kaldor (1939) señalaba que una política pública es deseable en tanto esta produzca compensaciones o no empeoren la situación de  los menos desfavorecidos. Pero además agregaría que una política pública tiene que ayudar a contribuir a mejorar la distribución de los recursos y generar oportunidades entre los ciudadanos. Para que ello suceda tenemos que tener una clase política y de funcionarios públicos, con capacidad técnica y de liderazgo que genere políticas y toma de decisiones eficientes y eficaces que afine mejor el rol del estado.

En el Perú, abundan planes y leyes tanto nacionales como internacionales firmados por el Estado Peruano, que favorecen a las PCD, todas estas normas y directrices en su gran mayoría fueron impulsados por el movimiento asociativo con y para discapacidad. Sin embargo los que toman las decisiones sobre los presupuestos públicos, no necesariamente asignan recursos económicos para que se realicen acciones a favor del colectivo, principalmente porque  no se ha desarrollado una adecuada identificación de la realidad de las personas con discapacidad. Esto se ve reflejado por ejemplo que los programas sociales existentes, no incorporan adecuadamente  a las PCD dado que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) no registra adecuadamente preguntas, metodologías ni estrategías que permitan una identificación  de las PCD; evidentemente se constata lo que señala Kaldor, que las  políticas públicas no producen compensaciones sino que algunas veces lo empeora o mantiene el statuo quo como es la exclusión gran parte de las PCD.

Avances en la atención del Estado ha habido evidentemente en relación a la atención al colectivo con discapacidad, a través de programas presupuestales, proyectos y el programa social Pensión No Contributiva, por citar algunos pero en líneas generales  “Sin embargo, aún no se ha logrado un Estado que actúe de manera articulada y eficiente, sobre todo en la provisión de bienes y prestación de servicios de carácter social. Es por ello que los ciudadanos y ciudadanas aún no sienten que el Estado está presente y si está, éste no les brinda servicios de calidad” (Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, 2012)

Si miramos el conocimiento de entidades públicas relacionadas directa o indirectamente a la discapacidad desde las PCD, a partir de la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad-ENDES 2012, encontramos que “El 17,3% de personas que tiene alguna discapacidad manifestó conocer algún tipo de institución u organismo de apoyo a las personas que padecen alguna limitación, en tanto que el 81,7% respondió no conocer ninguna institución ya sea de carácter público o privado” (Instituto Nacional de Estadística en Informática del Perú-INEI, 2014). Otro dato resaltante de la ENDES 2012, es que al preguntar si  la PCD era “usuario de algún programa social, alimentario, educativo, inserción laboral, asistencial y otro tipo, solo el 11,6% de las personas con discapacidad manifestó ser usuario de algún programa social”

Mención aparte es necesario resaltar la escasa incidencia en la calidad de vida de las PCD de las políticas públicas de ciencia y tecnología en el Perú. En diversos capítulos  del informe mundial sobre la discapacidad, se hace mención sobre la necesidad de que todas las entidades públicas y privadas, relacionadas a la salud, accesibilidad, educación y trabajo, efectúen investigaciones científicas y tecnológicas, que permitan mejorar diversos aspectos de la vida diaria de las PCD.  El informe cita  por ejemplo que en cuanto a los obstáculos en rehabilitación para la investigación “se incluyen el número insuficiente de investigadores sobre la rehabilitación, la falta de infraestructuras para capacitar y orientar a los investigadores y la ausencia de relaciones de asociación entre las disciplinas pertinentes y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad” (Organización Mundial de la Salud, 2011)

El Perú en materia de investigaciones en ciencia y tecnología ha centrado mucho sus políticas públicas y financiamiento en el apoyo al sector productivo, creando para ello instancias gubernamentales y fondos concursables que han ido generando investigaciones para dicho sector. Esto obedece a que las prioridades de investigación han sido orientadas a generar un aparato productivo que genere empleo principalmente en el país, tal como lo proponen el Plan Nacional de Diversificación Productiva, el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), el Programa Nacional de Innovación Agraria, que contempló para el año 2015, cuatro concursos de proyectos de investigación y desarrollo, etc., por citar algunos de los esfuerzos gubernamentales relacionados al fomento científico y tecnológico.

La Gerencia social y la discapacidad

.-En la administración pública peruana, los conceptos y aplicación de gerencia social no tienen una larga trayectoria, porque como herramienta de gestión social, se comienza a aplicar a partir de la década de los 90, cuando se  desarrollan los primeros programas sociales,  a raíz de las reformas neoliberales emprendidas por el gobierno de Fujimori. Los planteamientos de políticas sociales y gerencia social que impulsaron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe-CEPAL, surgieron porque los “problemas como la pobreza, la inequidad, el monto del gasto social en América Latina y los pocos efectos que este tenía en la modificación de las condiciones de pobreza y marginamiento” (Serrano, 2012)hacían imprescindibles nuevas propuestas de políticas de protección social.

Los fondos de compensación social como FONCODES, en el caso de Perú y la transferencia condicionada de dinero, en las décadas de los 80 y 90, fueron las expresiones de esas redes de protección social que se impulsaban y que tenían la misión paulatina de cambiar el enfoque asistencialista que tenían los programas sociales por otro de inversión en capital humano “con miras a mejorar las perspectivas de desarrollo y enfrentar los niveles de pobreza en el largo plazo” (Vasquez, Gerencia Estratégica de la Inversión Social, 2009)

Según Vasquez, el gasto social se dirigió a cinco áreas principales como son: Control de daños nutricionales en menores de tres años y otros grupos en riesgo, salud básica para todos, educación básica para todos, mecanismos de solución de conflictos, e inversión social adicional. Posteriormente señala que con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, donde se establecieron unas metas y objetivos de desarrollo orientados a disminuir principalmente los indicadores de pobreza y pobreza extrema, se impulsaron una serie de mecanismos de coordinación intersectorial y acuerdos políticos en el país, con el objetivo de contar con un Estado más eficiente, transparente y descentralizado, orientado entre otras cosas a cumplir los ODM.

Sin embargo los ODM a pesar de contar con un marco de políticas sociales globales muy importantes, la temática de la discapacidad y la población con discapacidad, no aparecían precisados con su propia problemática, muy por el contrario el colectivo estaba incluido en el grupo de poblaciones pobreza y pobreza extrema, lo cual no hubiese tenido mayor relevancia, si es que a nivel del Perú, se hubiese identificado o diagnosticado  claramente a la población con discapacidad. “Una gestión eficiente de las redes de protección social depende fundamentalmente del conocimiento de la población a la que se pretende llegar, pero además de la capacidad de gestión de la institución encargada” (Vasquez, Aprendiendo de las Redes de Protección Social de América Latina y El Caribe, 2009)

La Gerencia social, normas legales y políticas públicas

.-Las personas con discapacidad en el Perú a nivel de la protección legal han tenido una progresiva formulación  y aplicación de las mismas. En el año 1944, se promulgo la Ley 10123, que establecía un impuesto a la cerveza en beneficio de las personas con discapacidad visual. En el año 1963, se promulga la Ley 14569, que señalaba que las entidades públicas deberían dar trabajo a las PCD, previa acreditación laboral. Posteriormente en 1985, con la dación de la Ley 24067, Ley de Promoción, Prevención, Rehabilitación y Prestación de Servicios al Impedido, a fin de lograr su Integración Social, se establece una serie de obligaciones por parte del Estado en sectores de salud, vivienda, educación y trabajo, para atender a las PCD. Se crea con esta norma el Consejo Nacional para la Integración del Impedido como ente rector en discapacidad, que debía planificar, organizar, promover y hacer seguimiento a las políticas públicas en discapacidad a nivel nacional. Si bien es cierto que la Ley promovía en diversos sectores la integración de las PCD, su enfoque principal de la norma estaba muy ligado al concepto de rehabilitación física. Posteriormente en 1987, se vuelve a emitir una nueva norma legal, la Ley 24759, Ley que “Declaran de interés social la protección, atención y readaptación laboral del impedido”  que replantea la atención laboral  a las PCD y que entre otras cosas indica que el Estado a través de sus respectivas entidades encargadas del tema, replanten programas generales y especiales de formación, capacitación técnica, adiestramiento laboral y readaptación social sin costo alguno para el impedido, así también se crea el Fondo de Promoción de Empresas para Impedidos, para la promoción de empresas promocionales para impedidos. En el año 1998, se expide la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, que deroga la anterior Ley 24067, y que entre otras cosas  crea el Consejo Nacional de Integración para la Persona con Discapacidad y se establece que las municipalidades deberían de crear las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad-OMAPEDs y posteriormente se señala que los gobiernos regionales, también deberían crear las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad-OREDIS. Sigue en la ley el énfasis de promover acciones de prevención y tratamiento de las discapacidades, así como la integración laboral y el fomento de la accesibilidad urbanística y arquitectónica. El fomento de la investigación científica, sigue en el ámbito médico, igual que en la anterior Ley 24067.

En el año 2012, la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, deroga a la antigua Ley 27050 y establece un marco institucional como el Sistema Nacional  para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) entre el CONADIS, los gobiernos regionales y municipalidades, así como algunas entidades de los sectores públicos de salud, educación, trabajo y Vivienda, que permitirían articular acciones de políticas públicas, programas y proyectos a favor de las PCD.

A nivel de políticas públicas, plasmadas en planes nacionales, regionales o locales, podemos encontrar que si bien es cierto que algunas mostraron gran  intención de aplicabilidad y relativa efectividad, mostrando un intento por parte del Estado en atender a las PCD desde diversas intervenciones sectoriales, regionales o locales como  el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 (PÍO), éste presento algunas deficiencias de aplicabilidad como los señala Del Aguila:

1.   “débil y defectuoso funcionamiento de la Comisión Multisectorial encargada de la implementación y seguimiento del PÍO, así como con las debilidades técnicas e institucionales del CONADIS, Secretario Técnico de dicha Comisión Multisectorial. Esto se traduce en carencias y debilidades de liderazgo y de acompañamiento técnico para incorporar los criterios de inclusión y de desarrollo inclusivo en el resto del sector público y en las instituciones del Estado, en sus diferentes niveles: locales, regionales y central”
2.          “falta de conocimientos, prejuicios y falta de voluntad política de los tomadores de decisión de los diferentes sectores del Estado. Esto se traduce en discriminación y carencia de compromisos presupuestales para ejecutar las actividades identificadas en el Plan de igualdad de oportunidades”
3.    “escasa participación y compromiso de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones, en este proceso de diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas sobre discapacidad. Esto se traduce en la ausencia de iniciativas, opiniones y medidas de presión, eficientes y eficaces, de los principales representantes de la población interesada y beneficiaria del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación permanente de estas políticas sobre discapacidad impulsadas por el PÍO” : (Del Aguila Umeres, 2011)

Este resumen de algunas normas y planes presentado sobre los derechos de las PCD, indica que el Estado Peruano,  paulatinamente ha ido implementando políticas públicas a favor de este colectivo, con gran énfasis en los sectores de salud, educación, trabajo y accesibilidad, pero que no necesariamente  han podido cumplir con todos los compromisos estipulados en ellos.

Según el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social y Económico-INDES,  la Gerencia Social está intersecta por  tres campos del conocimiento: El Desarrollo social, la política pública y la gerencia pública (Karen Mokate, 2006) y estos tres campos no pueden actuar solos sino simultáneamente. En el caso del tratamiento de la discapacidad en el Perú, se puede apreciar que estos tres campos, actualmente no siempre se han intersectado, porque por un lado aún en muchas entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente a la discapacidad, el enfoque médico rehabilitador preside sus acciones públicas, cuando desde el año 2006  en las Naciones Unidas, se aprueba  la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, se establece que los Estados firmantes, entre ellos el Perú, el enfoque del modelo social de la discapacidad, es el enfoque que debería estar presente en las distintas políticas públicas sobre discapacidad. Este modelo social establece “que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia” (Palacios, 2008)

Para la Gerencia Social, la Gestión Pública es “un campo altamente interdisciplinario que propone prácticas para coordinar y fortalecer la producción de ciertos tipos de comportamiento, relaciones y decisiones y para resolver distintos tipos de problemas, con el fin de coordinar eficaz y eficientemente un sistema de intervención pública”. (Karen Mokate, 2006, pág. 8) En la implementación del PÍO vimos por ejemplo como las deficiencias de gestión pública se presentaron a distintos niveles de gobierno o  si analizamos la gestión de las Oficinas Regionales y Municipales  de Atención a las Personas con Discapacidad, encontramos que éstas funcionan muy limitadamente y no están creadas en todas las provincias y distritos del país. Hasta el año 2015, solo 750 OMAPEDs a nivel nacional habían sido creadas, de un total de 1800 gobiernos locales y 24 OREDIS según información proporcionada por el CONADIS. Cada año la Ley General de Pressupuesto de la República, propone que tanto los gobiernos regionales como locales, deben asignar el 0.5% de su presupuesto institucional para mejorar  la accesibilidad urbana y el financiamiento de sus OMAPEDS y OREDIS, sin embargo muy pocos gobiernos locales y regionales cumplen a cabalidad con dicha disposición complementaria, entre otras cosas por que esta norma no tiene carácter imperativo u obligatorio.

Gerencia social desde el enfoque público

.-La gerencia social tiene distintos enfoque de tratamiento, siendo uno de ellos  el enfoque público donde la  gerencia social “es el manejo de los "asuntos públicos" en una sociedad. Lo público es el campo de encuentro entre los intereses "comunes" de los diferentes actores sociales”. (Serrano, 2012, pág. 52)  Uno de los actores como son los gremios de y para PCD además de realizar acciones reivindicativas a todo nivel de gobierno, también ha evidenciado la necesidad de fortalecer sus capacidades de gestión, organización y planificación. En este contexto el desarrollo y presentación de proyectos tanto de inversión pública como  de cooperación internacional, es uno de los temas que mayor demanda  generaron  y que en muy pocas ocasiones las entidades públicas han ayudado a potenciarlo de tal forma que se cumpla con dos conceptos básicos sobre este tipo de enfoque, como son la gestión participativa y la concertación. Serrano señala que la gerencia social, está en una búsqueda permanente del bien común, pero para hacerla realidad, se debe recoger lo que la colectividad considera valioso y necesario, evidentemente aún no se logra llegar a buenos niveles de participación y concertación esperados entre el Estado y el colectivo con discapacidad.

Gerencia social centrada en el enfoque de las políticas sociales e innovación social

.-Desde el enfoque de las políticas sociales no será posible solucionar los problemas de un grupo social específico, si entre las prioridades de apoyo, no está el de fortalecer el capital social. “Lo fundamental de la gerencia social es entonces formar capital social, en otras palabras, crear u orientar a las organizaciones sociales para que influyan y tengan capacidades de incidir efectivamente en el proceso de formación de las políticas sociales que les afectan como colectivo” (Serrano, 2012, pág. 59).

Si se analiza  el proceso histórico de los movimientos sociales en el Perú, estos tienen relación directa con los acontecimientos sociales, políticos y económicos que dieron pie a su formación. Por ejemplo en la década del setenta del siglo pasado,  el debate político se centró en la equidad y la desigualdad, antes que la reducción de la pobreza, aunque estos estaban íntimamente ligados. Los movimientos sociales en boga fueron  los agrarios, sindical y barrial.  En la década de los 80 los movimientos de derechos humanos, feministas  y de mujeres marcaron la pauta de las movilizaciones sociales. A partir de la década del 90 y a principios del año 2000, cuando se comienza a implementar los  programas sociales de reducción de la pobreza, se promueve desde el Estado la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo, los Consejos de Coordinación Local (CCL) y los Concejos de Coordinación Regional  (CCR). En este contexto si bien es cierto que ya existían organizaciones de personas con discapacidad  que confluían en movilizaciones a favor de implementar sus derechos, éstos no lograron consolidar un movimiento social como tal que logre un proceso de “acumulación de capital social” capaz de  generar cambios más integrales hacía una sociedad más inclusiva.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en toda la extensión de su  artículo 28, insta a los gobiernos, a asegurar la plena participación de las PCD, en los distintos programas sociales existentes, que les permitan mejorar su calidad de vida; pero como siempre ha sido una constante ha sido el colectivo con discapacidad el que ejerció la presión respectiva con propuestas para que  la Convención se cumpla aunque no en su integridad.

La problemática de la discapacidad, debe ser asumida como una construcción de la ciudadanía, en el sentido de que sea “capaz de descubrirse a sí mismo como parte de un colectivo que puede contribuir a construir una sociedad más justa, más inclusiva, más abierta a la integración social”

Esta ciudadanía del que hablamos debe potenciar además, el movimiento social del colectivo con discapacidad, diferenciándolos en cuanto a su identidad y propuesta de los demás movimientos sociales existentes en el país, como son los sindicales, agrarios, comedores populares, etc., sin que parezca excluyente a las demás reivindicaciones de los otros grupos sociales.

La gerencia social desde el enfoque de innovación social, plantea que las relaciones Estado-Sociedad Civil, tienen que tener un relación de construcción de ciudadanía y desarrollo comunitario integral, lo cual va a permitir procesos de innovación social, para ello al interior del mismo colectivo con discapacidad se debe alentar también las interpretaciones críticas bio sicosociales y económicas de los distintos tipos de discapacidad, para que a su vez puedan formularse políticas públicas, precisas y acordes a la realidad del colectivo.

Conclusiones

.-La gerencia social desde distintos enfoque puede brindar una serie de interpretaciones y propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y entorno en general, para ello debemos considerar varias cuestiones claves a tener en cuenta

1.  Un primer aspecto es que los gremios de PCD no saben hacer formular perfiles de  proyectos o programas sociales diversos  que les permitan llegar con adecuadas propuestas a las autoridades respectivas, tienen ideas, propuestas básicas de la vida cotidiana, pero es necesario darles forma técnicas y presupuesto. 
2.  Un segundo aspecto está relacionado al nivel de asociaciones de los gremios de PCD que en el Perú,  es muy fragmentario y débil institucionalmente en la gran mayoría de casos; que se debe superar.
3. En relación a las entidades públicas y sus funcionarios relacionados a la discapacidad, éstas adolecen de conocimientos sobre discapacidad o son muy elementales que no permite que  tengan la capacidad de formular propuestas de políticas, programas y proyectos adecuadamente.
4. Si solo el colectivo “aparece” en el grupo de poblaciones vulnerables o pobreza o pobreza extrema o agrupada dentro del concepto de exclusión social, la temática de la discapacidad se  diluye en estos conceptos amplios y por lo tanto  su enfoque y mecanismos de protección de sus derechos son laxos e ineficaces. “La discapacidad participa de la exclusión social, pero esto no debe servir para borrar su identidad como hecho social singularizado con entidad propia” (Perez, 2012)
5. La temática de la discapacidad, aún no es  un eje transversal en las políticas generales, sectoriales y los planes de desarrollo concertado local y provincial y demás políticas de fomento al desarrollo, por lo que plantear esa transversalidad implica asumir que no se trata de formular políticas de manera ligera, sino que se debe “ lograr movilizar a todos los actores en la solución, especialmente a las poblaciones de participantes” (Serrano, 2012, pág. 70)

Referencias bibliográfica

Alva, M. F. (2011). Las Personas con Discapacidad en América Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Del Aguila Umeres, L. M. (Julio de 2011). Tesis: Análisis y Evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Aportes de la Gerencia Social para mejorar las políticas en discapacidad en el Perú. San Miguel,, Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Diario El Comercio. (Sábado de Octubre de 2011). Solo 350 municipios del Perú tienen Oficinas de Atención a Discapacitados. pág. 4.

Gómez, R. H. (2001). Antropología de la discapacidad y la dependencia. Recuperado el 10 de Julio de 2016, de Peritaje Médico Forense: http://www.peritajemedicoforense.com/RHERNADEZ.htm

Instituto Nacional de Estadística en Informática del Perú-INEI. (2014). Primera Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad-2012. Lima, Perú: INEI.

Karen Mokate, J. J. (Marzo de 2006). www.iadb.org. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de www.iadb.org: www.iadb.org

Organización Mundial de la Salud. (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Malta: OMS.

Palacios, A. (2008). El modelo social de la discapacidad: Origenes, caracterización y plasmanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Colecciones CERMI, Ediciones Cinca S.A.

Perez, L. C. (2012). El Cambio de Paradigma de las Politicas Públicas en Discapacidad. Madrid: CERMI Estatal.

Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. (2012). Memoria del Seminario Internacional: Modernización de la Gestión Pública en el Perú. Lima: Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros de Perú.

Serrano, A. O. (2012). Concepto de la Gerencia Social en América Latina. UNIMINUTO, 50.

Vasquez, E. (2009). Aprendiendo de las Redes de Protección Social de América Latina y El Caribe. En E. Vasquez, Gerencia Estratégica de la Inversión Social (pág. 118). Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Vasquez, E. (2009). Gerencia Estratégica de la Inversión Social. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

¿Dimensión del Estado importa en el desarrollo de un país? (Parte 2)

Econ Juan Solórzano Arévalo

.-El Estado en América Latina ha tenido una variada evolución en cada país, según los procesos políticos y constitucionales ocurridos. Pero todos ellos tienen un origen en común que el Estado moderno como institución liberal post independencia, fue una “adopción” política de las ideas liberales de Europa sobre todo del siglo XVIII, cuando comienza a desmembrarse el Estado español, conducido por la monarquía borbónica, personificado sobre todo en Fernando VII, estos nacientes Estados no tuvieron pretensiones de democratización, “Porque no fue así. Las capas populares indígenas, castas, mulatas y negras,  participaron de la revolución pero no de la consecución de sus logros” (Frasquet, 2010)

El sistema político latinoamericano, post independencia y contemporáneo casi siempre ha mantenido  relaciones asimétricas muy grandes entre gobernantes y gobernados,  aunque hayan tenido variaciones de asimetría entre un país y otro a través del tiempo. Este Estado “moderno” y sus relaciones de patrocinio político entre organizaciones políticas y sus electores  han cimentado por mucho tiempo un pseudo “Estado de bienestar”, donde “un derecho garantizado por ley, impersonal por definición, ofrece menos dividendos políticos. Esa es una de las razones y de las modalidades del clientelismo de Estado” (Rouquié, 1994)

El Estado de bienestar europeo en sus diferentes variantes, más que desarrollar una cultura del clientelismo político, desarrolló a partir de siglos de conflictos una cultura del bienestar donde  las poblaciones excluidas consiguieron extender las políticas públicas a los asuntos sociales. (Bejar Rivera, 2014)

Evidentemente estos estados de bienestar europeos sufrieron una serie de reformas políticas conforme la economía europea transitaba los inevitables ciclos económicos, pero en ningún caso dejaron de aplicar los países europeos políticas orientadas a mantener el estado de bienestar. Ejemplo de ello, es Dinamarca que si bien en la década de los 70 y 80, impulsaron un estado altamente protector, con los cambios ocurridos en la economía mundial en los 90 y principios del milenio, aplico una política de bienestar, teniendo como eje la figura de la “flexiguridad”, donde las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores se flexibilizo a cambio de un subsidio de desempleo relativamente alto, un fondo de desempleo  y toda una estrategia de reconversión laboral del trabajador muy fuerte que ha hecho que los trabajadores daneses, de todas formas encuentren una ocupación laboral. Ejemplos parecidos podemos encontrar con países, como Suecia, Finlandia y Noruega, que en las décadas de los 70 y 80 también lograron tener un estado de bienestar muy potente marcado por una importante presencia en la economía de las empresas estatales y al disminuir estas y ser sustituidas en parte por empresas privadas, no dejo sin embargo a los trabajadores y su población en general sin los sistemas protectores sociales básicos.

El Estado de Bienestar en el Asía, ha tenido múltiples variantes de aplicación a partir  de los modelos existentes en Europa y EE.UU. Gabriele Kholler, identifica cinco tipos de Estados de Bienestar a saber: Estados de Bienestar desarrollistas que tenían una orientación básicamente de crecimiento económico donde la política social estaba subordinada a esta, entre los países que aplicaron esta política, están Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia y Singapur. Posteriormente un segundo tipo de Estado de Bienestar, se encuentra con Corea del Sur y Tailandia, que producto de las crisis económicas de los 90, introducen una serie de reformas a la asistencia social, orientándola hacia un enfoque de servicio más universalista. El modelo de Estado de Bienestar Chino, sería el tercer tipo de Estado que producto de las reformas económicas de los 80, implemento en un primer momento un programa denominado “La Garantía de Mínimo de Subsistencia” y posteriormente por el año 2003 el “Plan de Seguro Médico Cooperativo Rural”. Un cuarto tipo de Estado de Bienestar, sería de aquellos países que en teoría insertan en sus políticas sociales el enfoque de derechos, mediante la cual los ciudadanos en tanto titulares de derechos, en cierta medida  pueden hacer valer los mismos en los tribunales, la India, Bangladesh, etc.,  serían un ejemplo de ello. Siendo necesario acotar sin embargo la debilidad institucional de esos Estados, por cumplir eficazmente una política social. Un quinto Estado de Bienestar desarrollista en el cual hay un deterioro parcial de las subvenciones y los derechos. “Se están introduciendo condicionalidades de comportamiento y formas rígidas de evaluación de medios económicos.

Sri Lanka puede ser un caso ilustrativo. En tanto que siguen existiendo la educación gratuita y el acceso universal a la salud, algunos derechos universales –antes garantizados– a la seguridad alimentaria y a un ingreso mínimo han sido sustituidos por disposiciones contra la pobreza focalizada y sujeta a comprobación de recursos” (Koller, 2014).

Cuadro N° 01

Fuente: ¿Existe un Estado de Bienestar Asiático?, Gabriele Kholler

El cuadro N° 01 sobre los gastos sociales efectuados por los países de Asía, nos muestra los gastos efectuados por los gobiernos de Asía en relación a la protección social, en proporción al producto bruto interno y lo que se aprecia es que Japón es el país que más gasto social efectuó con un 19.2% de su PBI, sin embargo si se toma a Singapur como otra referencia, su gasto social se sitúa en alrededor del 3,5% de su PBI y en el periodo de los años 2007 al 2009 este gasto se situó en  una media del 6% de su PBI, porcentaje bajo en relación a Japón y Estados Unidos que tenían un 17% y 15% de gasto social respectivamente.

"However, this low level of spending can be misleading since the Singaporean Government acts more as a regulator rather than a direct provider and funder of welfare services".... "Social development enjoys the biggest share of the budget at 41%"..."Education expenditure forms more than half of all social expenditure"..."The next largest share goes to healthcare (17.3%), ensuring that Singaporeans have access to good and affordable medical care"..."Expenditure on housing (12.3%) highlights an asset-based provision of social security through subsidized public housing"

 “Sin embargo, este bajo nivel de gasto puede ser engañoso ya que el gobierno de Singapur actúa más como un regulador en lugar de un proveedor directo y financiador de los servicios de bienestar”… “El desarrollo social goza de la mayor parte del presupuesto con un 41 %”…”la educación en sus diversas formas de gastos, tiene más de la mitad del gasto social”…”La siguiente proporción más grande va a la atención sanitaria (17,3%), lo que garantiza que los singapurenses tengan acceso a la atención médica de calidad y asequibles. Los gastos de vivienda (12,3%) ponen de relieve una disposición basada en los activos de la seguridad social a través de la subvención de viviendas” (Sharma, 2012)(Traducción propia)

El Estado de Bienestar en Asía tiene múltiples formas de intervención, tal como se ha demostrado, pero en ningún caso los principales Estados han renunciado a intervenir en el campo social en favor de sus ciudadanos aun cuando estos no tienen la plena vigencia de sus derechos en las sociedad asiáticas.

Referencias bibliográficas:

Bejar Rivera, H. (2014). Justicia Social, Política Social. Lima, Perú: Derrama Magisterial.

Frasquet, I. (2010). ¿Cuál es su tésis central sobre las independencias? En e. Manuel Chust, Las Independencias Iberoamericanas en su Laberinto (pág. 150). Valencia: Publicacions de la Universidad de Valencia.

Koller, G. (2014). ¿Existe un Estado de Bienestar asiático? Tribuna global, 18-30.

Rouquié, A. (1994). América Latina: Introducción al Extremo Occidente. México: Siglo Veintiuno editores, sa de cv.

Sharma, S. K. (2012). Republic of Singapore: Updating and Improving the. Seul, Corea: Asian Development Bank.