Comparaciones básicas entre Estado Peruano y algunos Estados de América del Sur.

Comparaciones básicas entre Estado Peruano y algunos Estados de América del Sur.

Por: Juan Alejandro Solórzano Arévalo

I.              SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL ESTADO QUE GUILLERMO O’ DONELL SUGIERE PARA SU ESTUDIO. ¿ES POSIBLE CONSIDERAR OTRAS DIMENSIONES? ¿CUÁLES?

.-Aplicando las dimensiones que plantea O’ Donell con respecto al Estado peruano, este presenta las cuatro dimensiones en sus tres niveles de gobierno, aunque no están todas ellas en su plenitud desarrollados.

• Conjunto de burocracias.-El Estado peruano como tal no esta presente en todo el territorio nacional, es mas las burocracias existentes se diferencian entre una y otra al interior de los tres niveles de gobierno, por el grado de eficiencia y eficacia de su trabajo producto de los niveles de profesionalismo desarrollados por estas burocracias por un lado y por otro por la importancia que dan a este aspecto la clase política gobernante de turno. Históricamente a nivel del gobierno nacional podemos señalar que tanto las fuerzas armadas y policiales y los sectores de educación y salud han sido los espacios donde los empleados públicos han podido desarrollar mas o menos un sistema burocrático administrativo capaz de ir ejerciendo su labor sin que varié su condición de empleados públicos o se corra el riesgo del desarme administrativo. El poder judicial  si bien ha tenido un sistema burocrático a través de la historia republicana mas o menos estable en cuanto a ejercer la función judicial, su eficacia y eficiencia ha sido mas que discutible. Actualmente todo el aparato burocrático estatal después del periodo de desmantelamiento administrativo surgido durante el gobierno de Alberto Fujimori, esta en un proceso de consolidación y expansión  operativa aún fraccionada en cuanto a sistema producto de la mirada clientelista que tienen los partidos políticos y movimientos regionales del sistema burocrático estatal.
• Sistema legal.-Una de las cosas que no podemos negar en relación al Estado Peruano es que tiene un sistema legal importante en la defensa y cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Sin embargo debemos anotar que muchas de estas normas que sirven como base o sustento a la vigencia del Estado Peruano y su ciudadanía se aplican fraccionadamente a la ciudadanía producto de la ineficacia administrativa de la burocracia estatal y lo mercantilista que muchas veces se ha convertido la aplicación o no de las normas legales en el país. La cultura de los deberes y derechos en el país, como valores aún no es considerada como importante para ser asumida por todos los ciudadanos, en tanto culturalmente es percibido como un signo de debilidad personal y social.
• Un foco de identidad colectiva.-El Estado Peruano frente a otros Estados tiene una identidad que lo caracteriza aunque también se asemeje a mucho a otros Estados de la Región Latinoamericana. Se caracteriza por ser un Estado pluricultural descentralizado y unitario que si bien recoge los valores culturales de la colectividad peruana, no logra incorporar y  atender con sus funciones a poblaciones originarias del Perú por un lado, pero también a sectores poblacionales con determinadas características culturales-sociales “no estandarizadas socialmente”. Se asemeja en relación a otros Estados Latinoamericanos en cuanto se desenvuelve en el marco de un sistema legal democrático aunque no eficiente en su totalidad y esta compuesto por ciudadanos cada vez más identificados por la cultura latinoamericana, pero a su vez con una mirada más global de la vida de un Estado.
• Filtro.-El Estado Peruano como todo Estado también ha establecido filtros de pertenencia y de usufructo de su servicio. Si bien es cierto que esto es evidente con en relación a otros Estados y ciudadanos del resto del mundo, podemos señalar que al interior del país, estos filtros se aplican de una manera selectiva y direccionada por los grupos de poder existentes. Por ejemplo no todos los profesionales del país pueden aspirar a ocupar cargos claves en la administración pública si es que no procedes de un sector institucional importante o de cierta élite social. Hay aún ciertas “herencias” gubernamentales que se transmiten de generación a generación a los cuales cualquier ciudadano no puede acceder tan fácilmente. Ahí están las entidades públicas como el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Economía, la Academia Diplomática, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú, y el mismo sistema judicial por citar algunas.

II.            ANALICE Y COMPARE LAS DIFERENTES FORMAS DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA: LOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN, SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES, DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD.

.-Los Estados Latinoamericanos comparten muchas semejantes en cuanto a su composición y funcionamiento y su relación con sus ciudadanos, pero también guardan diferencias de gestión y composición que no son radicales en todos los casos sino antes bien de matices y algunas veces estructurales.

Diferenciación

Semejanzas

-Hay Estados que en cuanto a su composición y organización funcionan como Estados unitarios y otros como federativos. -En relación sus regímenes políticos hay de aquellos que tienen una fuerte carga ideológica marxista-socialista y otros que se sitúan en la corriente neoliberal -Su sistema de elección de autoridades políticas  en algunos son a través de elecciones generales directas y sin restricciones en cuanto a relecciones y otros que teniendo procesos electorales establecen restricciones a los mecanismos de alternancia del poder. -Algunos Estados más integrados comercialmente a los grandes bloques económicos hegemónicos que otros Estados que se han asociado a espacios regionales altamente ideologizados. -Algunos Estados con más desarrollo de su capacidad bélica que otros. -Estados con mayores ambiciones hegemónicas de ámbito mundial que otros.

-Sistemas burocráticos con espacios especializados en algunas funciones sobre todo las relacionadas a la regulación económica y los procesos de inversión pública y privada. -Sistemas judiciales de naturaleza europea continental con niveles regulares de deficiencia funcional. -Sistemas políticos altamente rotativos en cuanto  a su composición y territorializados por caudillismos políticos. -Ineficientes en su mayoría para aplicar políticas públicas de largo plazo surgidas de consenso o acuerdos políticos -Escasos niveles de participación efectiva de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones de la asignación de los recursos públicos. -Estados con  niveles de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión aún bajos. -Estados que en su mayoría no han establecido y potenciado  un sistema de desarrollo a la investigación científica. -Estados que han privilegiado procesos de integración intrarregional e interregional.

III.           ANALICE Y COMPARE LA EFECTIVIDAD LEGAL Y LA EFICIENCIA BUROCRÁTICA EN TRES TIPOS DE PAÍSES SEGÚN SU GRADO DE HOMOGENEIDAD: URUGUAY (HOMOGÉNEO) PERÚ (HETEROGÉNEO) Y COLOMBIA (INTERMEDIO)

.-Los tres países en mención tienen un sistema jurídico institucional establecido a través de la separación de poderes y con controles constitucionales, asignados ya sea a entidades creadas para tal fin o establecidas en las cortes supremas de justicia. Igualmente todos estos países han establecido un sistema de administración pública en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local según país). En todos estos países se llevan a cabo elecciones para elegir a sus autoridades políticas, aunque hay diferencias en cuanto a los tiempos en los cuales se llevan a cabo estos procesos electorales y la forma se ejerce las funciones de gobierno por parte de estas autoridades elegidas. En el caso del Uruguay del estudio realizado sobre el ejercicio de la función pública se encontró que esta regulado por diversas normas que abarcan desde la carrera pública hasta sanciones por inconducta funcional. Tanto Perú como Colombia también tienen normas legales que regulan la actividad del funcionario público.

VARIABLES	PAÍSES
	URUGUAY	PERÚ	COLOMBIA
Efectividad legal	Según estudios realizados este país tiene unos índices altos de confianza institucional y de lucha contra la corrupción, lo cual indica que el nivel de vigencia del Estado de derecho es bueno	El nivel de desconfianza institucional de las principales instituciones públicas es muy alto por lo tanto la vigencia del estado de derecho es de nivel medio.	Hasta la gestión del presidente Uribe se percibía un Estado que giraba en función a la opinión presidencial y de la sociedad en desmedro de los controles horizontales
Eficiencia burocrática	Hasta hace unos años la burocracia uruguaya transitaba por una gestión pública lenta y demasiada tramitadora, por lo que se inicio una discusión al interior de la clase política y la sociedad de emular la gestión pública neozelandesa mediante por la cual se establece un servicio civil.	Hay una agenda pendiente de potenciar la carrera pública que implique mejorar sus niveles de capacitación, planificación, dirección y ejecución de las funciones estatales con visión estratégica de mediano y largo plazo.	Se percibe un aparato público aún lento con grandes des coordinaciones en la aplicación de las políticas públicas tanto a nivel del gobierno central como de los municipios y departamentos.

Análisis breve del Programa Jóvenes a la Obra, con el enfoque de género

ANÁLISIS BREVE DEL PROGRAMA JÓVENES A LA OBRA, CON EL ENFOQUE DE GÉNERO 

Por Juan Solórzano Arévalo

El enfoque de género es uno de los componentes que se analiza  últimamente en diversas acciones de gobierno para ver la real participación activa de las mujeres en general. En esta oportunidad revisando el accionar del Programa Social “Jóvenes a la Obra”, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, encontramos que hay una  participación importante de las mujeres en la ejecución  del programa, que no siempre se encuentra bien precisado en la mayoría de programas sociales.  Este programa fue creado por Decreto Supremo N° 013-2011-MTPE, y modificado por Decreto Supremo N° 004-2012-MTPE.

Descripción general del Programa:

Objetivos:

General:

Desarrollar y fortalecer las competencias laborales y de emprendimientos de los y las jóvenes de 15 años a 29 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema y facilitar a los mercados formales de éste público objetivo urbano y rural[1]

Específicos:

El programa tiene como objetivos específicos los siguientes:

Objetivo específico 1: Jóvenes de escasos recursos económicos y/o situación de vulnerabilidad, acceden a la capacitación técnica de nivel básico operativo alineada a la dinámica del mercado laboral.

Objetivo específico 2: Jóvenes de escasos recursos económicos y/o situación de vulnerabilidad del ámbito rural y urbano acceden a capacitación en gestión para el emprendimiento promoviendo el autoempleo emprendedor.

Componentes:

El Programa cuenta con dos componentes:

Componente 1: Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico

A través de este componente se espera lograr:

ü  Lograr que los beneficiarios adquieran competencias que les permitan desempeñarse de manera dependiente en ocupaciones de nivel básico en el marcado laboral

ü  Lograr que los beneficiarios desarrollen competencias transversales y habilidades sociales que reflejen una actitud positiva durante el proceso de búsqueda de empleo que facilite la inserción laboral.

Componente 2: Jóvenes en situación de pobreza acceden a capacitación en emprendimiento

A través de este componente se espera lograr:

ü  Propiciar la generación de ideas de negocio

ü  Fortalecer y/o desarrollar las competencias emprendedoras de los beneficiarios.

ü  Promover la implementación inicial de los planes de negocio.

Análisis del Programa Social

·         Una de las primeras cuestiones que se tiene que tener en cuenta es si una intervención tiene el enfoque de género. En tal sentido revisando toda la documentación generado para la implementación del programa, encontramos que en el objetivo general, se menciona que esta intervención está dirigida a capacitar a los y las jóvenes de 15 a 29 años de edad, por lo que se asume que toda la implementación de las actividades estará regido por tener en cuenta cierta participación equitativa de ambos sexos.

·         En la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 06-2012-MTPE “Procedimientos para las actividades de focalización y selección de los beneficiarios de la capacitación para el emprendimiento del Programa Nacional de Empleo Juvenil  “Jóvenes a la Obra”, se percibe que en todos los formatos, tanto de planificación, como de seguimiento, monitoreo e informes, hay indicaciones para anotar la identificación y participación de hombres y mujeres, en las actividades.

·         Según un informe de notas institucionales del año 2013, en las capacitaciones brindadas por la Universidad Nacional del Callao, los beneficiarios en su mayoría fueron mujeres (51%), provenientes de la Provincia Constitucional del Callao.

·         En el informe de notas institucionales del año 2013, se señala que en las capacitaciones brindadas por la Universidad Nacional de San Martín, del total de beneficiarios el 51% fueron mujeres (172) y el 48% fueron hombres (162).

·         En el año 2013, de los 20,042 beneficiarios 13,058 (65%) eran mujeres y 6984 eran hombres (35%).

·         En lo que se refiere a la población joven con discapacidad, en el año 2013 se tiene que de las 212 PCD atendidas a nivel nacional, 123 eran mujeres (58%) y 89 eran hombres (42%)[2].

Comentario a los datos presentados:

La situación laboral de las mujeres en el Perú, si bien es cierto que ha mejorado, aún sigue siendo desventajosa en relación al número de hombres empleados y los beneficios económicos y laborales que detentan estos. Por ello es destacable la intervención del Programa Social “Jóvenes a la Obra”, al promover una mayoritaria participación de las mujeres en las capacitaciones y por ende en su inserción laboral.

El Ministerio de Trabajo señala que “En general, la participación femenina en el mercado laboral urbano ha tenido un aumento importante en las últimas décadas, sobre todo en ocupaciones técnicas y servicios, la cual se explica por el incremento de los niveles promedio de formación educativa y capacitación de las mujeres” [3] sin embargo precisa además que esta participación está condicionada a factores familiares que tienen que ver con ¿quién tiene que trabajar? Y ¿quién tiene que quedarse al cuidado del hogar?, más aún influirá también el número de hijos en edad escolar, el hecho de si la mujer saldrá a buscar emplearse en el mercado laboral.

Otro dato interesante a destacar es que “la población femenina se concentra en la región de Lima (31,2 %), lo cual demuestra el grado de centralización de la población femenina en las regiones de Lima. Otras regiones con alta concentración de población femenina son Piura (6,1%), La Libertad (5,9%), Cajamarca (5,0%) y Puno (4,6%). Cabe destacar que el caso de Cajamarca es peculiar debido a que un porcentaje importante de su población femenina se encuentra ubicada en las zonas rurales (14,5%); mientras que en el área urbana Lima concentra el 39,9% de la población urbana del país” [4]

Pero a pesar de que la participación laboral de la mujer en el país ha aumentado, diversos estudios sostienen que la tasa de actividad es mayor en la de los hombres, esto debido a que persisten roles tradicionales al interior del hogar, que hacen que la mujer desempeñen roles no remunerados. “Las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. En promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico, así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 24 horas con 14 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos”[5]

A nivel de la población con discapacidad si bien es cierto que el programa Juntos, ha incluido en las capacitaciones a las personas con discapacidad, a nivel nacional “del total de personas de 14 años y más de edad con discapacidad, el 96,4% no ha estudiado algún curso que lo capacite para un mejor desempeño en el trabajo. Solo el 2,8% realizó tal actividad. No obstante el bajo porcentaje que ha recibido cursos de capacitación, se observa que éste es más alto en el caso de los varones (3,8%) que de las mujeres (2%)”[6]

La equidad de género en el campo laboral, aún dista de ser una realidad plena en el país, si bien es cierto que el Programa Social “Jóvenes a la Obra”, en sus capacitaciones muestra un alto porcentaje de mujeres participantes, aún por lo datos consignados sobre empleo en el Perú, las mujeres siguen siendo relegadas a un segundo plano, apreciando más bien que donde se nota mayor participación de la mujer en el ámbito laboral, es en sector informal de la economía y en el mantenimiento y reproducción de la vida en los hogares. Una sola intervención de un programa social, si no está articulado a otras intervenciones sociales del Estado, pierde eficacia y por ende no logra solucionar de una manera integral la brecha laboral entre hombres y mujeres.

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[1] Informe Bimensual sobre Avances en la Generación de Empleo, Decreto Urgencia N° 058-2011

[2] Anuario Estadístico Sectorial del MTPE 2013.

[3] Informe Anual 2005, La Mujer en el Mercado Laboral Peruano.

[4] La Mujer en el Mercado Laboral Peruano, Informe Anual 2008, MTPE.

[5] Perú, Brechas de Género 2001-2013, INEI-Manuela Ramos

[6] Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad 2012-INEI

¿Es posible aumentar el salarios mínimo vital de los trabajadores?

Progresistas y salarios

Por: Paul krugman

Hillary Clinton dio su primer gran discurso sobre economía el pasado lunes, y los progresistas se han mostrado satisfechos en general. Porque el mensaje primordial de Clinton ha sido que el Gobierno federal puede y debe usar su influencia para conseguir que aumenten los salarios.

Los conservadores, sin embargo —al menos los que han podido dejar de gritar “¡Bengasi! ¡Bengasi! ¡Bengasi!” durante el tiempo suficiente para prestar atención— parecen desconcertados. Creen que Ronald Reagan demostró que el Gobierno es el problema, no la solución. De modo que, ¿no estaba Clinton reviviendo el difunto “paleoliberalismo”? ¿Y no sabemos que la intervención gubernamental en los mercados tiene consecuencias indirectas terribles?

No, ni lo ha revivido ni sabemos tal cosa. De hecho, el discurso de Clinton reflejaba cambios importantes, sobradamente respaldados por pruebas, sobre lo que sabemos acerca de qué determina los salarios. Y una conclusión fundamental derivada de esos nuevos conocimientos es que las políticas públicas pueden ayudar mucho a los trabajadores, sin atraer la cólera de la mano invisible.

Antes, muchos economistas pensaban en el mercado laboral como algo muy similar al resto de los mercados, donde los precios de las distintas clases de trabajo —es decir, las tasas salariales — estaban plenamente determinados por la oferta y la demanda. Así que si los salarios de muchos trabajadores se han estancado o reducido, debe de ser porque la demanda de sus servicios se está reduciendo.

En concreto, la opinión general era que el aumento de la desigualdad se debía a los cambios tecnológicos, que estaban incrementando la demanda de trabajadores muy cualificados y devaluando el trabajo poco cualificado. Y no había mucho que las políticas pudieran hacer para modificar esa tendencia, aparte de ayudar a los trabajadores con salarios bajos mediante subvenciones como las deducciones sobre el impuesto de la renta.

Todavía escuchamos a distintos analistas que no se han puesto al día invocar esta historia como si fuese una verdad evidente. Pero el razonamiento de que el “cambio tecnológico condicionado por la cualificación” es la causa principal del estancamiento salarial se ha venido abajo en gran medida. En particular, un nivel elevado de formación no es ninguna garantía de unos ingresos más altos; por ejemplo, los sueldos de quienes acaban de licenciarse en la universidad, ajustados según la inflación, llevan 15 años sin subir ni bajar.

Mientras tanto, lo que sabemos acerca de la determinación de los salarios se ha visto transformado por una revolución intelectual —y no es ninguna exageración— propiciada por una serie de estudios notables sobre lo que sucede cuando un Gobierno modifica el salario mínimo.

Hace más de dos décadas, los economistas David Card y Alan Krueger se dieron cuenta de que cuando un estado concreto eleva el salario mínimo profesional, lleva a cabo un experimento práctico con el mercado laboral. Mejor aún, es un experimento que proporciona un grupo de control natural: los estados vecinos que no suben el salario mínimo. Card y Krueger aplicaron su descubrimiento al análisis de lo que sucedía en el sector de la comida rápida —donde los efectos del salario mínimo deberían ser más acusados— después de que Nueva Jersey incrementase el salario mínimo pero Pensilvania no lo hiciese.

Subir el sueldo mínimo no tiene por qué reducir la cantidad de puestos de trabajo

Antes del estudio de Card y Krueger, la mayoría de los economistas, yo incluido, daban por sentado que el aumento del salario mínimo tendría un claro efecto negativo sobre el empleo. Pero ellos descubrieron que, en todo caso, el efecto era positivo. Sus resultados se han confirmado posteriormente gracias a los datos de muchos episodios. No hay ninguna prueba de que el incremento del salario mínimo reduzca el número de puestos de trabajo, al menos cuando el punto de partida es tan bajo como el de Estados Unidos en la actualidad.

¿Cómo es esto posible? Hay varias respuestas, pero la más importante probablemente sea que el mercado laboral no es como el mercado de, por ejemplo, el trigo, porque los trabajadores son personas. Y como son personas, se obtienen beneficios importantes, incluso para el empresario, cuando se les paga más: tienen la moral más alta, cambian menos de trabajo y son más productivas. Estos beneficios compensan en gran medida el efecto directo del aumento del coste de la mano de obra, así que elevar el salario mínimo no tiene por qué reducir la cantidad de puestos de trabajo.

La conclusión más evidente de esta revolución intelectual es, lógicamente, que debemos aumentar el salario mínimo. Pero hay también otras inferencias más generales: si nos tomamos en serio lo que hemos aprendido de los estudios sobre el salario mínimo, nos daremos cuenta de que dicho salario no es importante solo para los trabajadores peor pagados.

Porque los empresarios siempre se enfrentan a los pros y contras de seguir una estrategia de sueldos bajos o de sueldos altos, por ejemplo, entre el modelo tradicional de Walmart (pagar tan poco como sea posible y aceptar que los trabajadores cambien muy a menudo y tengan baja la moral) y el modelo de Costco (sueldos y beneficios más altos que traen consigo una mano de obra más estable). Y hay muy buenos motivos para pensar que las políticas públicas pueden, de distintas formas — incluso facilitando que los trabajadores se organicen—, empujar a más empresas a optar por la estrategia de los buenos sueldos.

De modo que tras el discurso de Hillary había mucho más de lo que la mayoría de los analistas pensaban, según sospecho. Y para quienes intentan poner pegas señalando que parte de lo que ha dicho difiere de las ideas que imperaban cuando su marido era presidente, la cosa es que muchos progresistas han cambiado de opinión en respuesta a las nuevas pruebas empíricas. Es una experiencia interesante; los conservadores deberían probarla alguna vez.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía de 2008.

Gestión Pública

Por Juan Solórzano Arévalo

Los Problemas Públicos

.-Se habla de problema público  cuando una carencia o necesidad social  es manifestada por uno ó más grupos sociales y que reclaman al Estado una intervención para su solución. En ese sentido la eficacia de que sea atendida la solución del problema público, va a depender del grado de incidencia social y política del grupo afectado por un lado y por otro de la capacidad de respuesta por parte del organismo público.

Hay problemas públicos que por su naturaleza local o regional pueden ser atendidos por los gobiernos subnacionales, pero hay otros problemas públicos que aun siendo de alcance regional, necesariamente tiene que ser atendidos por el gobierno nacional, como es el caso de los problemas que ocasionan las empresas mineras.

No necesariamente todos los problemas públicos son resueltos en el corto plazo, algunos de ellos tienen una duración de mediano y largo plazo, por ejemplo la baja calidad de la educación que se brinda en las zonas rurales del país.

Siguiendo los criterios para identificar un problema público por parte de Meny y Thoenig (1,992) como son: la necesidad normativa, la necesidad sentida, la demanda expresada, la necesidad comparativa; podemos señalar que no siempre  todos los componentes se aplican correctamente en el país, al momento de plantear la solución de un problema público. Y esto es así por que el modelo de gestión pública es diverso y no siempre los operadores respectivos tienen un sistema administrativo y estilo gerencial acorde para plantear las soluciones respectivas.

Modelos de administración pública en el Perú

.-En el Perú podemos encontrar los tres modelos de administración pública (Osborne-2,006) tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos subnacionales. Es decir tenemos normativa y estilos de la administración pública, gerencia pública y gobernanza responsiva. Tanto el primer y segundo modelo de gestión predominan mas en el país, siendo el último modelo muy escasa su aplicación. En todos los casos no siempre se aplican cumpliendo la mayoría de los criterios establecidos para cada modelo. De hecho la administración pública en gran medida esta tercerizada en cuanto a su personal se refiere, razón por la cual no existe una eficaz carrera pública. Todavía hay rasgos de clientelismo político en la administración pública que impide fortalecer un eficiente servicio civil. Los partidos y movimientos políticos llegan al poder con escasos cuadros técnicos que les permitan efectuar una gestión pública eficiente.

Proceso de privatización en el Perú  

.-El proceso de privatización en el Perú se inicio a principios de la década de los noventa, con el gobierno de Fujimori, en el marco de una política neoliberal en boga a partir del consenso de Washington. Esta corriente ideológica proponía que el Estado en general debería desprenderse de las actividades productivas y enfocarse en brindar solo servicios básicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y administrar la justicia. Sin duda la gestión del Estado en las empresas productivas estatales anterior a los años noventa, ha sido muy cuestionable que en muchos casos traslado su ineficiencia al presupuesto general de la República, aspecto que fue muy bien aprovechada por el gobierno de Fujimori para fomentar una campaña de desprestigio contra este tipo de administración pública y tener así la legitimidad necesaria de parte de la ciudadanía para la desactivación y privatización de las empresas públicas. Algunos defensores de la tesis del Estado empresario, sostenían que en el marco de la política neoliberal de Fujimori, se dejo caer a estas empresas para que el gobierno pudiera venderlos a unos precios muy accesible a los inversionistas sobre todo extranjeros, porque la crisis económica que padeció el Perú en los años 80 y gran parte de los 90  pulverizo a gran parte de la clase empresarial peruana.

El modelo de administración pública que se impulso en este contexto fue la nueva gerencia pública, que proponía niveles de eficiencia y resultados en el marco de un Estado reducido en cuanto a su composición y servicios públicos.

Conclusiones

•   En el Perú coexisten los tres modelos de administración pública tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos sub nacionales. Hay una predominancia de la administración pública tradicional y en menor grado de la nueva gerencia pública, siendo escaso el estilo de la gerencia responsiva.
•  El proceso de privatización en el Perú se dio en el marco de la corriente ideológica neoliberal.
•    Hay cierto fundamentalismo ideológico neoliberal actualmente en la clase política y económica del país, que piensa que el Estado Peruano no debe asumir gestiones de producción (por ejemplo  Petroperú)
•    El fundamentalismo neoliberal aplicado en el país, destruyo todo intento de planificación estratégica a nivel del Estado, que termino por desarticular todo intento serio de descentralización y desarrollo socio-económico de las Regiones.
•   La carrera pública se precarizó al no establecer un nivel de incentivos para los funcionarios públicos que permitiera fortalecer el servicio civil.

Participación de las organizaciones de Personas con Discapacidad como movimiento social

Por Juan Solórzano Arévalo

.-Desde hace un buen tiempo, las entidades públicas en Perú, encargadas de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad, vienen realizando diversas acciones, como promover políticas, planes, programas y proyectos.  Y es que los gremios además de realizar acciones reivindicativas a todo nivel de gobierno, también han venido evidenciando su necesidad de fortalecer sus capacidades de gestión, organización y planificación. En este contexto el desarrollo y presentación de proyectos tanto de inversión pública como  de cooperación internacional, es uno de los temas que mayor demanda genera y que se hace necesario encaminarlo en toda su dimensión, para ello debemos considerar tres cuestiones claves a trabajar:

1.  Un primer aspecto es que los gremios deben considerar que no basta con saber hacer proyectos, sino saber con que aliados cuenta y que estrategia deben tener para lograr,  que quienes toman las decisiones de aprobar  proyectos,  apuesten por comprometerse a ejecutar.
2.  Un segundo aspecto esta relacionado al nivel de asociaciones de los gremios de PCD en el Perú, que es muy fragmentario y débil institucionalmente en la gran mayoría de casos; que se debe superar.
3. En relación a las entidades públicas, es necesario que estas tengan la capacidad de formular propuestas de políticas, programas y proyectos relacionadas a la discapacidad.

Cuando se revisa el nivel de acreditación en los registros de organizaciones sociales de las municipalidades del país, los gremios de PCD como tales no están  ni cercanamente al 1% en dichos registros, lo cual demuestra el nivel de invisibilidad no solo personal de las PCD sino también organizacional a nivel municipal.

Cuadro N° 1 Número de organizaciones sociales registradas en el RENAMU

Organizaciones sociales	Año
	2009
Clubes de Madres	16,769
Comité del Programa del Vaso de Leche	63,867
Comedor Popular	17,061
Wawa Wasi	8387
Club del Centro del Adulto Mayor	1623
Organizaciones juveniles	2355

El cuadro N° 1 nos muestra el grado de participación de los principales grupos sociales acreditados en el RENAMU y como éstos han ido, generando una suerte de “acumulación” de capital social que ha sido reconocido por diversos estudios realizados sobre el funcionamiento de estos grupos sociales.

Con la participación de estas organizaciones sociales registradas en el RENAMU en casi todos ellos encontramos un denominador común: La existencia de un programa social que los respalda a nivel local y provincial.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en toda la extensión del  artículo 28 insta a los gobiernos, a asegurar la plena participación de las PCD, en los distintos programas sociales existentes, que les permitan mejorar su calidad de vida; pero como siempre ha sido una constante reivindicativa habrá de ser el colectivo con discapacidad el llamado a ejercer la presión respectiva con propuestas para que toda la Convención se cumpla en su integridad.

Una primera acción, pasa por hacer que la temática de la discapacidad, sea un eje transversal en las políticas generales, sectoriales y los planes de desarrollo concertado local y provincial y demás políticas de fomento al desarrollo.

Si solo el colectivo “aparece” en el grupo de poblaciones vulnerables o pobreza o pobreza extrema o agrupada dentro del concepto de exclusión social, la temática de la discapacidad podría diluirse en estos conceptos amplios y por lo tanto  su enfoque y mecanismos de protección de sus derechos serían laxos e ineficaces. La discapacidad participa de la exclusión social, pero esto no debe servir para borrar su identidad como hecho social singularizado con entidad propia[1].

Por ello que la problemática de la discapacidad, debe ser asumida como una construcción de la ciudadanía, en el sentido de que es “capaz de descubrirse a sí mismo como parte de un colectivo que puede contribuir a construir una sociedad más justa, más inclusiva, más abierta a la integración social”

Esta ciudadanía, del que hablamos debe potenciar además, el movimiento social del colectivo con discapacidad, diferenciándolos en cuanto a su identidad y propuesta de los demás movimientos sociales existentes en el país, como son los sindicales, agrarios, comedores populares, etc., sin que parezca excluyente a las demás reivindicaciones de los otros grupos sociales.

Al interior del mismo colectivo con discapacidad se debe alentar también las interpretaciones críticas bio sicosociales y económicas de los distintos tipos de discapacidad, para que a su vez puedan formularse políticas públicas, precisas y acordes a la realidad del colectivo.

Si se analiza  el proceso histórico de los movimientos sociales en el Perú, estos tienen relación directa con los acontecimientos sociales, políticos y económicos que dieron pie a su formación. Por ejemplo en la década del setenta, del siglo pasado,  el debate político se centro en la equidad y la desigualdad, antes que la reducción de la pobreza, aunque estos estaban íntimamente ligados. Los movimientos sociales en boga fueron  los agrarios, sindical y barrial.  En la década de los 80 los movimientos de derechos humanos, feministas  y de mujeres marcaron la pauta de las movilizaciones sociales. Es en la década del 90 cuando se comienza a hablar de programas sociales de reducción de la pobreza y a principios del año 2000, cuando se promueve desde el Estado la participación ciudadana a través de el Presupuesto Participativo, los Consejos de Coordinación Local (CCL) y los Concejos de Coordinación Regional  (CCR).

En este contexto descrito si bien es cierto que ya existían organizaciones de personas con discapacidad, estos confluían en movilizaciones, pero aún no ha logrado consolidarse un movimiento social como tal que haya logrado un proceso de “acumulación de capital social” capaz de presentar una visión alterna de sociedad y desarrollo.

Las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional inscritas en el Registro Nacional del Consejo Nacional de Integración de la Personas con Discapacidad del Perú (CONADIS) desde el 2006 hasta el 2012, llegan a 142 versus los 1,623 del adulto mayor registradas en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), solo por citar un dato de comparación, lo cual nos indica el largo camino de “acumulación de capital social” que se habrá de recorrer para estar presentes en las agendas públicas locales, regionales y nacional.

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[1] El Cambio de Paradigma de las Políticas Públicas en Discapacidad/Luis Cayo Pérez-Director Ejecutivo del CERMI Estatal. 

Fallas del Estado

Por Juan Solórzano Arévalo
¿Qué es son fallas del Estado?

.-Son fallas del Estado, aquellas acciones o decisiones que toman los funcionarios públicos en torno a la asignación de recursos a favor de un grupo social determinado, en detrimento de otros grupos sociales que con legítimo derecho  reclaman ser atendidos en sus demandas. Estas decisiones obedecen a la complejidad de la información sobre la realidad de los involucrados en la actuación estatal, el uso de influencias y la calidad de los líderes (Ogus, 2004; Besley, 2006).

Por ello cuando hablamos de Fallas del Estado, aunque conceptualmente es un término sociológico, político y económico de hace unas décadas,  se percibe que el Estado Peruano, ha sido moldeado por la acción directa de políticos que han impuesto y/o promovido en otros casos sus propias agendas particulares. Cabe destacar que las principales “correcciones” a las fallas del Estado  han tenido influencias externas, producto de que como país, siempre hemos estado ligados a los vaivenes de la economía mundial y las corrientes políticas ideológicas externas. 

Por ejemplo cuando se produce la independencia del Perú, el modelo republicano de Estado, surge de la ilustración europea, matizada con aportes de la ilustración francesa y la ilustración española o monárquica. Modelo republicano que para su implementación, al principio no tuvo un modelo de desarrollo, alternativo al modelo colonial extractivista-primario. Hubo intentos de serios de revertir esta situación, por citar el caso de la Ley de Prohibiciones, dada en Junio de 1828, mediante el cual se prohibía la importación de productos que eran producidos en el Perú, con el fin de establecer una industria local fuerte. Frente a ello hubo voces que se opusieron a esta medida gubernamental como la de Manuel Lorenzo de Vidaurre, que  haciendo mención a las ideas liberales de Say, Adam Smith y Duyoner, sostenía que “todos los hombres tiene por naturaleza el derecho de comprar de quién quieran y de vender del mismo modo; no se pueden crear gabelas para beneficiar a cierto número de miembros de la sociedad imponiendo nuevas obligaciones a los demás y el gobierno no debe hacer que choquen la economía doméstica con la política” (Basadre, Historia de la República).

En las décadas posteriores el patrón de intervenciones del Estado en el desarrollo del país, ha ido variando, según su capacidad técnica, ya sea para tratar asuntos relacionados a la venta de guano, la agricultura, la minería y las artes. 

A inicios del siglo XX, se crea los Bancos de Reserva, hipotecario y agrícola, con el fin de dar al estado un importante rol regulador en el ámbito financiero, sin embargo esta estructura financiera y aparato estatal, se vió afectada por las dificultades económicas externas y fiscales, colapsando en el periodo de 1927-1930.

En los años treinta, en América Latina, se puso en boga el promover el Estado desarrollista, mediante las políticas de sustitución de importaciones y el desarrollo de mercados internos. Los funcionarios públicos establecieron subsidios a la producción nacional, elevaron los aranceles a las importaciones y establecieron tipos de cambios elevados, por citar los rasgos más importantes de esta política.  

Posteriormente frente a la crisis del Estado populista, también como una corriente ideológica externa y en el marco del Consenso de Washington, se promovió por parte de las más altas autoridades gubernamentales, políticas públicas relacionadas a la apertura de las economías nacionales, la desregulaciones de los mercados, privatizaciones en serie y una reducción de la intervención del aparato estatal  a actividades mínimas en los sectores productivos, haciéndose hincapié de que solo debería ocuparse de los sectores de atención básica como la salud, la educación y el fomento del empleo, además de garantizar la seguridad interna y externa del país.

Actualmente el estado peruano, está transitando por las rutas económicas del neoliberalismo y por ende sus intervenciones, apuntalan a seguir un modelo de economía abierta, donde su acción regulatoria y promotora está presente  en las políticas públicas que se aplican. 

Frente según lo señalado líneas arriba, se concluye que siempre hubo fallas del estado. 

Análisis de las fallas del Estado en el sector educativo.

.-En un documento de investigación, efectuado por Walter Puelles, del Instituto de Libre Empresa, denominado ¿Por qué falla el Estado en la Educación?-2001, se cuestiona la intervención del Estado en cuanto a la gratuidad de la enseñanza, dado que según este autor, se estaría vulnerando los derechos y propiedad privada de los demás. Señala además doce razones por las cuales esta intervención es nada moral y económicamente incorrecto, entre las que podemos señalar:

1. Imposibilita el cálculo económico.-Porque no existe medida de evaluación de satisfacción de los usuarios educativos.
2. Promueve la inmoralidad.-Dice que la “gratuidad de la enseñanza”, está basado en que el Estado coercitivamente, dispone de unos recursos de unos, mediante impuestos, para destinarlos entre otros a través del gasto público.
3. Expulsa la inversión privada.-El Estado al intervenir en la “gratuidad de la enseñanza”, copa prácticamente gran parte de la demanda educativa, haciendo que el sector privado participe menos en la generación del PBI.  
4. Restringe la competencia.-El Estado monopoliza la educación  de los más pobres, eliminando la competencia y por ende la mejora en la calidad del servicio educativo.
5. La explotación del Estado.-El docente recibe una retribución muy por debajo del mercado, que es aprovechado junto a los impuestos, para la manutención y expansión del gasto público.
6. Corta el proceso de especialización.-Porque estandariza los productos educativos, no dejando espacio para la innovación educativa y técnica del sector.
7. Desincentiva la acumulación del capital humano.-Dado que los docentes no arriesgan en invertir en su mayor profesionalización al no haber mayores incentivos económicos.
8. Distorsiona el mercado laboral.-Al no estar la planificación educativa en criterios económicos, genera distorsiones en los ingresos de las personas.
9. Genera discriminación e inequidad.-La baja calidad educativa de los egresados de los colegios, institutos y universidades públicas, frente a los del sector privado, genera una discriminación e inequidad al momento de ingresar al mercado laboral. 
10. Distorsiona la información del costo de vida.-Al ser gratuita el servicio educativo, el costo no es reflejado en la canasta básica familiar de una manera real, por lo que produce expectativas demográficas negativas.
11. Reduce la capacidad de elección.-La aplicación de impuestos reduce los ingresos de las familias y por lo tanto disminuye las posibilidad de elección de los mismos.
12. Ineficiente asignación de recursos.-Indica que esos recursos económicos que el Estado destina a la “gratuidad de la enseñanza”, estarían mucho mejor utilizados en manos del sector privado, al tener estos mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión educativa.

Frente a estas doce razones señaladas, ¿Podemos concluir que la intervención del estado es innecesaria? 

.-Como premisa básica podemos señalar que la existencia del Estado, como cuerpo jurídico, organizativo y  directriz, es necesario e importante en la vida social, económica, política y religiosa de un país. Evidentemente en un proceso de elección pública y en un sistema democrático, las decisiones políticas sobre la asignación de recursos, no va a ser igual que las racionales decisiones individuales, porque no se podrá satisfacer a todos los actores involucrados en la asignación y beneficio de los recursos.

En tal sentido lo que señala Walter Puelles en sus doce razones por las que falla el Estado en el sector educativo, tiene medias verdades:

• Es cierto que no existe un sistema eficaz de evaluación de impacto del desempeño escolar y docente, pero no por ello el Estado puede dejar de atender a la población escolar. El sector privado educativo, tampoco en su totalidad tiene excelentes sistemas de evaluación del desempeño escolar. 
• La coerción del Estado para captar y asignar recursos, es necesaria en la medida que el mercado no es redistribuidor de recursos. Inclusive el Estado aun cuando no asigna recursos directamente a la actividad privada, sino exonera de algunas tasas impositivas a favor de las empresas educativas privadas, por lo tanto promueve su participación económica.  Las empresas privadas  cuando hacen su balance de costo-beneficio, se dan cuenta que no pueden atender a las poblaciones más pobres del país. 
• Es evidente que el Estado “explota” al trabajador docente, al no pagarle por sus servicios adecuadamente y ajustada a derecho, pero en el sector privado también hay una precarización muy general de los salarios de los docentes. Hay un problema de prioridades de políticas públicas, visión política  y de presupuesto, por las cuales existe aún la precariedad laboral de muchos docentes del país. 
• Lo opuesto al problema de la estandarización educativa, sería la multiplicidad de currículos escolares, sin ninguna relación entre sí, lo cual ocasionaría una anarquía educativa, que no se da en ninguna parte del mundo, puede y debe  haber espacios de innovación pedagógica y de gestión educativa institucional para disminuir las brechas de inequidad y discriminación que genera la baja calidad educativa. 
• Evidentemente al haber empleo productivo y sostenible en el tiempo para los trabajadores del país, se estaría garantizando mayores niveles de calidad de vida, y por lo tanto la posibilidad de mejorar la educación de los integrantes de las familias. El sector educativo, por sí solo no puede  garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas, más aun cuando las familias pobres no están organizadas y por ende tienen reducidas sus capacidades de influir en las decisiones gubernamentales. 

En conclusión frente a todo lo descrito, las fallas del Estado son inevitables que se presenten porque en cada uno de los puntos analizados, están involucrados acciones de elección de asignación de los recursos, que no necesariamente van a satisfacer a todos los ciudadanos y porque además habrá grupos que al estar más organizados que otros, pugnarán por hacer prevalecer sus derechos, a través de sus representantes políticos o funcionarios públicos afines a estos.